MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
Cerca de 14.000 personas procedentes de Ucrania permanecen alojadas dentro del Sistema de acogida de Protección Internacional y Temporal, según se recoge en el balance de la gestión de la crisis migratoria desencadenada hace dos años por la invasión de Ucrania aprobado este martes en Consejo de Ministros.
Elaborado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad social y Migraciones, el informe subraya que más de 200.000 personas afectadas por el conflicto en Ucrania han recibido protección temporal en España, «lo que ha sido posible gracias a la coordinación entre todas las administraciones». De este modo, España se sitúa como quinto país de la Unión Europea por número de concesiones.
En relación al futuro, la ministra del ramo, Elma Saiz, insistió en la necesidad de asegurar la protección de los ciudadanos dada la situación actual de Ucrania. “Se están explorando alternativas a la protección temporal, como vías de migración legal, estatus de residencia especial o acceso a la protección internacional”, declaró.
Asimismo, el informe refleja la rápida integración en España de las personas desplazadas desde Ucrania, de la que da muestra «la rápida escolarización de los estudiantes». Un total de 37.000 estudiantes ucranianos han sido escolarizados, de los que 29.400 son menores.
Además, cerca de 21.000 personas con protección temporal están dadas de alta en la Seguridad Social. Más de la mitad de ellas son mujeres. Un 38% de las personas ucranianas que trabajan lo hacen con contrato indefinido a tiempo completo; el 21%, a tiempo parcial; y el 10% trabajan con contratos estacionales fijos.
Otro de los aspectos destacados en el balance de dos años del conflicto es la creación por el Ministerio de Inclusión de cuatro Centros de Recepción, Atención y Derivación (Creade) en Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga, provincias con mayor población ucraniana desde antes de la guerra. En ellos se atendió a 176.357 personas y se documentó a más de 108.000.
La inversión de España para la acogida y atención de esta personas superó los 1.400 millones de euros durante estos dos años, y ha contado con cofinanciación de la UE.
En la actualidad, están pendientes otros 50 millones de euros de la aceptación final de la Comisión Europea
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