VALENCIA, 19 (EUROPA PRESS)
PPCV y Vox, los socios de gobierno en el Consell, reclaman celeridad en las obras de la terminal norte de contenedores de la ampliación del puerto de Valencia, aprobadas este martes por el Consejo de Ministros. El PSPV también se congratula de esta decisión, además de insistir en que el proyecto protegerá «el territorio y la sostenibilidad».
Por contra, Compromís insiste en su rechazo a la ampliación y en su apoyo a las asociaciones ciudadanas que acudan a la vía jurídica para frenarla. Además, garantiza que Sumar ha transmitido en el Consejo de Ministros esta posición en contra.
Así se han posicionado representantes de los cuatro grupos de Les Corts sobre la licitación de las obras de la terminal de contenedores de la ampliación norte del Puerto. Con una inversión público-privada de más de 1.600 millones de euros, Terminal Investment Limited (TIL), del grupo MSC, construirá y explotará las instalaciones.
Desde el PP, su síndic, Miguel Barrachina, ha exigido que la tramitación del proyecto sea lo más breve posible, ya que ha advertido que «la obra va a costar 118 millones de euros adicionales por el retraso de este último año y la revisión de precios». «Y yo confío en que se haga con la mayor protección», ha declarado, y ha destacado que es «una victoria exclusiva de la sociedad valenciana».
Por Vox, José Mª Llanos ha coincidido en reclamar que se haga «cuanto antes», teniendo en cuenta la declaración de impacto ambiental (DIA) ya aprobada «hace años». También ha avisado a Compromís que «no va a conseguir echarlo atrás» y que no pretenda «hablar en nombre de todos los valencianos».
Por su parte, el nuevo síndic del PSPV, José Muñoz, ha reiterado que la posición de su partido sobre la ampliación «es clara»: que favorezca el crecimiento económico y proteja el territorio y la sostenibilidad, algo que ha subrayado que expresó el ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, en su visita la semana pasada a València para anunciar el desbloqueo del proyecto.
Frente a estas posturas a favor, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha hecho hincapié en que Sumar ha mostrado el rechazo de la coalición valencianista a la ampliación en el Consejo de Ministros que los de Yolanda Díaz comparten con el PSOE.
«Estaremos al lado de las asociaciones ciudadanas en su vía jurídica contra una ampliación que no necesita ni esta ciudad, ni este país, ni nuestras empresas», ha aseverado, y ha reiterado que solo servirá para «dar dinero público a los intereses de una gran multinacional».
RESPUESTA DEL GOBIERNO EN EL SENADO
Compromís ha difundido este martes una respuesta parlamentaria del Ministerio para la Transición Ecológica a unas preguntas registradas por escrito por el senador Enric Morera, a finales del pasado octubre, sobre la ampliación del Puerto y la DIA del proyecto.
En su respuesta, el Gobierno explica que «el 31 de marzo de 2015 se declaró la terminación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental al no haberse realizado el trámite de información pública (…) Posteriormente, no constan datos en dicho ministerio de otros proyectos promovidos por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV)».
Para Compromís, esto demuestra que se caducó el expediente por falta de acción de la APV, cuando entonces «gobernaba el PP en la Generalitat y en el Gobierno», y que Valenciaport «habría incumplido las condiciones de la DIA, motivo por el que podría no estar vigente en la actualidad».
Tres días después de la primera respuesta del Gobierno, fechada el pasado 13 de diciembre, y «sin haber solicitado aclaración alguna», el Ministerio la amplió explicando que «a principios de 2023, la Dirección General de la Costa comenzó los trabajos de regeneración de las playas del Saler y Garrofera por un importe de adjudicación de 23,3 millones de euros sin IVA, la mayor actuación de este tipo realizada hasta el momento».
Sin embargo, según Compromís, la DIA de 2007 estableció que se debería haber realizado un proyecto específico promovido por la APV y sometido, si procede, a evaluación de impacto ambiental, además de ser aprobado por la Dirección General de Costas.
«Este proyecto debe ser, porque no se aclara en las contestaciones, el archivado en 2015 por falta de exposición pública que habría asumido el Ministerio para corregir la falta de vigencia de la DIA a posteriori», sostiene la coalición valencianista tras las respuestas del Gobierno.
El senador de Compromís ha solicitado que con urgencia le sean remitidos todos los informes obrantes que justifiquen esta actuación de regeneración de playas, con el objetivo de «dilucidar si se ha producido por la regresión de las mismas a causa de las obras ya realizadas y que ahora, con la licencia o DIA de 2007, se quieren acabar sin revisar su vigencia 16 años después»: «Si se hubiese producido regresión constatada por estudios, sería necesaria una nueva DIA de acuerdo a la legislación vigente».
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