ALICANTE, 22 (EUROPA PRESS)
La Plataforma por la reversión del Vinalopó ha cuestionado «la supuesta eficacia y eficiencia» del departamento de salud durante una reunión con el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, a quien ha pedido que se amplíen los indicadores de medición porque consideran que los actuales «son manipulables por la empresa y se alejan de la realidad».
Así se han expresado en un comunicado los representantes de la plataforma, tras reunirse con el conseller este miércoles en la Casa de las Brujas en Alicante, después de hacerle entrega el lunes de sus reivindicaciones.
En la reunión, de más de una hora de duración, la plataforma ha sostenido que los indicadores de medida con los que el Gobierno valenciano avala «la supuesta eficacia y eficiencia» del departamento de salud del Vinalopó «pueden ser fácilmente manipulados por la empresa a su interés y no miden objetivamente la realidad».
Asimismo, ha resaltado que «se palpa a pie de calle» entre los usuarios las «problemáticas» de este modelo de sanidad privatizado. Por ello, le han pedido a Gómez que amplíe los indicadores de medición y tenga en cuenta factores como «la carencia de plantilla, infinitamente mucho más reducida que en los departamentos públicos, que gran parte de los profesionales están trabajando sin la especialidad, las peores condiciones laborales o la creciente fuga de profesionales».
Además, le han resaltado que los acuerdos de gestión «no son un buen instrumento de medida de la calidad asistencial porque no incluyen en ellos la merma de las plantillas, la fuga de profesionales y tantos aspectos que no se miden en los instrumentos actuales con los que cuenta la Conselleria».
«FALTA DE CONTROL» DE CONCESIONES
La plataforma ha cuestionado la «supuesta eficiencia» porque ha apuntado que «no se conocen las liquidaciones anuales». «Por tanto, no sabemos realmente cuánto dinero nos cuesta la concesión. En los últimos diez años, no ha habido liquidaciones anuales aprobadas y no existen planes de inversión, por que no se puede saber si la empresa está cumpliendo con sus compromisos», ha manifestado Jaime Latour, integrante de la plataforma.
También ha denunciado la «falta de control» de las concesiones y ha afirmado que ya lo denunció el Consell Jurídic Consultiu mediante la auditoría. «La auditoría de la Sindicatura de Cuentas subrayó que la administración no ha ejercido una tutela efectiva sobre los concesionarios en materia de inversiones, al no constar que se haya aprobado formalmente los planes de inversión anuales ni tampoco los planes quinquenales presentados. Además, tampoco se habían realizado auditorías integrales, obligaciones todas ellas impuestas en las cláusulas del contrato», ha expresado la platagorma.
Respecto a la eficiencia, el movimiento ciudadano ha presentado sus «dudas» sobre la idoneidad de mantener el departamento en manos privadas ante el nuevo escenario de los macrodepartamentos y ha insistido al conseller en que «todavía está a tiempo de reconsiderar su postura».
RANKINGS «PAGADOS POR LA EMPRESA»
Así, ha puesto en duda los rankings y certificaciones, «pagadas por la empresa, que se han utilizado desde la Generalitat para defender la prórroga y que supuestamente avalan la excelencia en centros de salud, como por ejemplo el de Crevillent, donde el pasado verano un tercio de la población no tenía médico asignado».
La plataforma ha subrayado la «necesidad de control de la concesión» por parte de la Conselleria «para que no se vuelvan a dar situaciones como las de Torrevieja». Igualmente, le han planteado al conseller la «dificultad legal» de la prórroga, porque generaría un «beneficio extraordinario para la concesionaria».
También han puesto sobre la mesa asuntos como «la incompatibilidad del sistema informático utilizado en el Departamento de Salud de Elche-Crevillent por Ribera Salud con el de red pública de sanidad, la carencia de personal sanitario especializado, la merma de las plantillas, las demoras en Atención Primaria y, básicamente, la desigualdad de una parte de la ciudadanía con el resto de valencianos y valencianas que gozan de sanidad de gestión pública».
«En el caso de Elche, la desigualdad se manifiesta entre la misma población que pertenece a un departamento de salud de gestión pública y la otra parte a otro de gestión privada», han expresado.
La plataforma ha pedido los informes y datos que avalan la posible decisión de la Generalitat Valenciana de prorrogar el contrato a Ribera Salud, pero ha lamentado que ha sido «sin éxito». Por ello, ha afirmado que seguirán «insistiendo para conseguir un cambio de rumbo del Gobierno valenciano y que la población y los profesionales que pertenecen al departamento de salud del Vinalopó no se queden en condiciones de desigualdad respecto al resto de ciudadanía valenciana».
- Te recomendamos -
