Afirma: «Ante una situación de impás debemos buscar fórmulas para no perdurar estas situaciones que nos perjudican a todos»
VALÈNCIA, 3 (EUROPA PRESS)
El director de la Agència Valenciana Antifraude (AVAF), Joan Llinares, ha avalado el sistema de mayoría absoluta en segunda vuelta para elegir al director de la entidad «ante una situación de bloqueo o de impás», ha dicho. «Ante una situación de impás o de bloqueo debemos buscar fórmulas para no perdurar estas situaciones que nos perjudican a todos», ha apostillado.
Llinares se ha pronunciado en estos términos durante su intervención en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts, en relación con la proposición de ley que ha registrado el PP para modificar la ley fundacional de la entidad.
Durante su intervención, Llinares ha hecho referencia a la elección del director de la Agencia y se ha mostrado partidario de que se seleccione por mayoría cualificada del Parlamento –tres quintos de los diputados– aunque, en caso de «bloqueo», ha abogado por el sistema de mayoría absoluta en segunda vuelta.
A su juicio, «ayudar a que las cosas no se queden bloqueadas es muy importante» y ha insistido en que el titular de un órgano de control «debería ser elegido por las tres quintas partes» del Parlamento. «Pero esto no se puede convertir en una situación que suponga una pérdida de capacidad de la propia Agencia o un desprestigio de las instituciones», ha aseverado.
Al respecto, el diputado del PSPV José Díaz ha recordado a Llinares que con la redacción original de la ley se tuvo ya un debate sobre la elección del director y se desestimó el sistema de mayoría absoluta en segunda vuelta para eludir un bloqueo. Y le ha preguntado: «¿Qué cree que ha cambiado desde 2016, cuando se aprobó la ley, a 2022, cuando se propone la modificación o ahora?; ¿Esto no restará independencia a la Agencia?».
Llinares ha respondido que defenderá «siempre» la «importancia» de la mayoría cualificada para personas que ostentan funciones de órgano de control. «Pero también he de reconocer que estas situaciones a veces nos colocan en situaciones de impás y viendo leyes de otras agencias y oficinas autonómicas observamos que tienen prevista esta segunda vuelta sin que esto haya significado especiales problemas». Ha puesto como ejemplo el caso de Andalucía: «Sin una segunda vuelta quizá Andalucía no tendría ahora director» de la entidad, ha afirmado.
«No he cambiado respecto a cuál es la mayoría que mejor considero pero ante una situación de impás o de bloqueo hemos de buscar fórmulas para no perdurar estas situaciones que nos perjudican a todos», ha insistido.
Por su parte, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, le ha preguntado por su opinión acerca de que pudiera sustituirle en el cargo «una persona vinculada al gobierno del PP que ha llegado a tener negocios con una persona imputada en el Gobierno u otra persona presentada por una asociación que no hace mención en sus estatutos a la lucha contra la corrupción».
A este respecto, Llinares ha señalado que, según se desprende de los requisitos para ser director, serán las entidades vinculadas a la lucha contra la corrupción las que presenten los candidatos, y «esto se tendrá que vigilar desde el ámbito parlamentario y la sociedad», ha aseverado.
Sobre la independencia del director, Llinares ha recordado que «lo exige la ley»: «Una persona que no es independiente no puede ser director de la Agencia. Y esto lo deberá acreditar en su situación actual y anterior. La neutralidad es un requisito que exige la ley y se tendrá que comprobar que se cumple. De lo contrario, es impugnable», ha matizado.
En relación con las preguntas formuladas por Baldoví, el diputado del PP Fernando Pastor ha criticado que «no es de recibo venir aquí a plantear preguntas retóricas y malintencionadas en las que se prejuzga a candidatos dignos e indignos». Y le ha dicho: «La sociedad civil ha propuesto a dos candidatos y, para mí, los dos son dignos de entrada», ha aseverado.
Por su parte, la diputada de Vox María Teresa Ramírez ha preguntado a Llinares por su opinión sobre la posibilidad de crear una Agencia contra la Corrupción a nivel nacional y eliminar las autonómicas. El director ha manifestado que serían «compatibles» las autonómicas con la nacional: «Así está funcionando España y la Constitución así lo recoge», le ha indicado.
ENMIENDAS PARA «ARMONIZAR»
Por otro lado, Llinares ha resaltado que han presentado dos enmiendas a la proposición del PP para «armonizar» la actual ley 11/2017 con la estatal: «Esto supondría homogeneizar en toda España una normativa europea aprobada por el Parlamento europeo».
«Para nosotros es importante la armonización con la ley estatal porque, independientemente de que existen otras oficinas y agencias en Eapaña, permite seguridad jurídica», ha dicho, y se ha referido a definir mejor las actuaciones sobre las que la Agencia actúa y establecer un régimen definitivo para los funcionarios, ya que no se reconoce su situación de servicios especiales. También ha resaltado: «Yo siempre he sido partidario de que las leyes, cuando más sosegadamente se debatan, siempre es mejor».
En la comisión también ha intervenido Javier Maciá, operador jurídico en el ámbito de la administración de la Comunitat Valenciana, quien ha afirmado que ve «adecuado» el procedimiento de elección de director planteado en la propuesta y opina que es compatible la agencia nacional con las autonómicas: «Nunca ha sido malo tener en el ámbito autonómico una institución porque esa cercanía se suele perder y tener ese referente más cerca es mejor, según mi experiencia», ha dicho.
Así mismo, ha participado en la comisión María Josefa Ridaura, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universitat de València (UV), quien ha realizado algunas propuestas como cambiar el término «denunciante» por «informante» porque «está más acorde con el contenido de la directiva»; y sustituir el término de «ostentar» porque no lo ve «correcto» en una ley democrática.
Por otro lado, en cuanto a la figura del director, ha manifestado que «debe tenerse en cuenta que un cargo publico tiene una vocación de servicio público, pero cuando pedimos especialización, vayamos a buscar a aquellos que están realmente cualificados y a dotarles de garantías en consonancia con esa cualificación y labor que desempeñan, que no es la más cómoda», ha reclamado.
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