Un total de 2.484 personas de la provincia de Alicante con diversidad funcional o enfermedad mental crónica usuarias de 77 centros gestionados por entidades sin ánimo de lucro se beneficiarán del concierto social con la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para la prestación de servicios sociales especializados.
Así lo ha explicado el director general de Diversidad Funcional, Antonio Raya, quien ha suscrito el documento de formalización del acuerdo con representantes de 31 entidades sin ánimo de lucro titulares de estos centros en la Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas de Alicante.
De esta manera, se formaliza con las entidades el concierto de 2.484 plazas en centros de diferentes tipologías destinados a la atención de personas con diversidad funcional y enfermedad mental crónica en la provincia de Alicante.
El director general ha recordado que el concierto social sustituye al modelo de subvención actual, lo que va a facilitar a los centros «recibir los recursos económicos en tiempo y forma, con el menor perjuicio».
Cabe señalar que el modelo de subvención obligaba a las entidades a solicitar una ayuda económica de forma anual una vez se convocan las bases, lo que en ocasiones motivaba que el presupuesto que recibían las entidades pudiera variar de una convocatoria a otra, cosa que no ocurrirá con el concierto social.
Antonio Raya ha querido destacar también que concierto social «afectará positivamente a los trabajadores de atención directa de los centros y recursos concertados», que en el caso de la provincia de Alicante se estima que podrían ser alrededor de 795 trabajadores y trabajadoras, ya que al lograrse una mayor estabilidad en los pagos, se dotará de una mayor estabilidad a los puestos de trabajo.
Para la financiación de las plazas de la provincia, la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas dispone de un presupuesto de 37.462.010 euros.
2.484 plazas en 77 centros El concierto de plazas, que tendrá una duración de un año prorrogable a otro, se establece con las entidades que gestionen tanto centros residenciales como centros de atención diurna destinados a personas con diversidad funcional y personas con enfermedad mental.
Para determinar las 2.484 plazas a concertar, el director general ha explicado que se han tenido en cuenta «las necesidades de atención social, la población que actualmente se encuentra siendo atendida y la demanda de plazas de nueva creación en determinadas áreas geográficas».
De esta manera, para personas con diversidad funcional se ha establecido el concierto con 750 plazas en Centros de Atención Temprana para niños y niñas de 0 a 6 años, 620 plazas para centros ocupacionales para la integración socio-laboral, 282 para centros de día, 454 plazas para residencias y 84 plazas viviendas tuteladas.
Para personas con trastorno mental grave, 170 plazas en centros de rehabilitación e integración social (CRIS), 20 plazas para centros de día, 40 para residencias-CEEM y 64 para viviendas tuteladas.
El director general de Diversidad Funcional se ha mostrado muy satisfecho con el nuevo sistema de concierto que ordena y regulariza un sector que durante años «se encontraba en una situación irregular, con una falta de control e inestabilidad que ha repercutido negativamente en las propias entidades y en los profesionales».
A partir de ahora, ha asegurado Raya, se garantiza «la transparencia de las ayudas, la calidad de la atención a las personas usuarias, la seguridad financiera de las entidades y las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en ellas».
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