VALÈNCIA, 27 (EUROPA PRESS)
La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento e València, Sandra Gómez, ha asegurado que la ciudad «ha perdido los casi dos millones de euros de recaudación de todas las infracciones de la APR en Ciutat Vella desde octubre a diciembre de 2023».
La representante socialista ha calificado este hecho –«confirmado el propio PP en su respuesta a una pregunta que presentó el Partido Socialista en el pasado pleno municipal», apunta– de «desastre de gestión económica del gobierno de María José Catalá».
Según la edil socialista, los ‘populares’ «admiten que prácticamente todas las sanciones que no se pusieron por su apagón de las cámaras en Ciutat Vella han prescrito».
Los socialistas, en base a las multas interpuestas en un periodo similar, han calculado que el consistorio ha dejado de ingresar como consecuencia del apagón de las cámaras de la APR de Ciutat Vella aproximadamente dos millones de euros, «una cantidad que ha dejado de ingresar el Ayuntamiento y que podría haber permitido tener los recursos que necesitan los servicios sociales para poder pagar todas las ayudas a las personas en riesgo de vulnerabilidad, del comedor escolar y de la protección de menores, por ejemplo», de Gómez.
«Como consecuencia de la mala gestión y de la estafa fiscal de la señora Catalá para perdonar 70 millones de euros a las personas que más tienen y a las grandes empresas, Servicios Sociales no puede garantizar que se puedan pagar las prestaciones a partir del próximo mes de septiembre», agrega.
«Mientras la señora Catalá perdona 70 millones en impuestos a los que más tienen, –prosigue– Bienestar Social pone de manifiesto que no va a poder pagar ayudas. Y todo por el capricho discriminatorio de la señora Catalá».
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Gómez ha incidido en que el «desastre de gestión económica» de Catalá se ha trasladado también a los presupuestos del Ayuntamiento de 2024 tras analizar la última modificación de créditos. «El PP votó en contra de las normas fiscales y esa irresponsabilidad tiene ahora una consecuencia directa y es que el Ayuntamiento no puede utilizar el superávit para financiar cuestiones presupuestarias», ha señalado minutos antes del pleno de este miércoles.
Finalmente, la concejala del PSPV recuerda que la modificación de crédito de 54 millones de euros, además, ha agotado el crédito disponible, «lo que, además, de no dejar margen al Gobierno para atender las necesidades que surjan en los próximos meses, es claramente ilegal, tal y como ha puesto negro sobre blanco el informe de Intervención».
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