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El Gobierno ha rechazado cualquier acusación de «chantaje» en su comunicado sobre la ley de la concordia valenciana y ha solicitado que se tome en consideración el informe de la ONU

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Afirma que «chantaje es no condenar de manera expresa la dictadura»

ALICANTE, 8 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha mantenido que la presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó (Vox), «se equivoca» al calificar de «chantaje» la carta «amable, educada y sin ninguna opinión subjetiva» que le remitió para instarle a que traslade a los grupos de la Cámara el informe «contundente» de tres relatores de la ONU sobre las leyes autonómicas de concordia. Por ello, le ha pedido que «la relea» y que «tome nota» de lo que dice este informe.

Así, en declaraciones a los medios en Fageca (Alicante), ha mostrado su «asombro» por la reacción de Massó. «Jamás puede ser interpretada como un chantaje, en absoluto, una carta amable en la que le tiendo la mano, y le pido que la relea a ver si cambia de opinión y tome nota de lo que dicen los relatores», le ha reclamado a Massó.

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Así, ha recalcado que los relatores «dicen claramente» que con las leyes de concordia de la Comunitat Valenciana, Aragón y Castilla y León «se vulneran los derechos humanos, se invisibiliza a las víctimas de la dictadura, que no cabe no mencionar de manera expresa lo que fue la dictadura franquista y la condena del franquismo».

«Si eso para la presidenta es chantaje, yo creo que se equivoca y es que es al revés. Lo que tenemos que hacer es responder a quienes eso opinan y decirle a la presidenta que en un Estado democrático y de libertad, el chantaje es defender la dictadura», ha recalcado.

En esta línea, ha defendido que «chantaje es no condenar de manera expresa la dictadura, vulnerar los derechos humanos, mirar para otro lado y no facilitar la recuperación de las miles de personas que están en las fosas y en las cunetas de las carreteras que son de un único bando porque las del otro ya fueron exhumadas», ha constatado. Por ello, ha subrayado que los demócratas «tenemos que estar en esto en un solo lado y no en el que se defiende la dictadura, el totalitarismo y la opresión del otro a través de la imposición de las ideas».

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Torres ha explicado que la comunicación de los relatores llegó el viernes y el lunes la remitió tanto a los presidentes de los parlamentos de Castilla y León, de la Comunitat Valenciana –porque están trámite estas iniciativas legislativas– y de Aragón, como a los presidentes de los tres Gobiernos autonómicos, después de que los servicios jurídicos del ministerio «así lo analizaran y así también lo recomendaran».

COMISIÓN BILATERAL

En ese sentido, Torres ha explicado que la invitación al Gobierno de Aragón –que ya ha aprobado la ley– a una Comisión Bilateral Aragón-Estado sobre la derogación de la Ley de Memoria Democrática es consecuencia de «las discrepancias» que surgen entre el Gobierno de España con una comunidad autónoma ante una iniciativa legislativa para tratar de llegar a un acuerdo en una mesa de trabajo «técnica y jurídica».

«Ahí no estamos, ni el presidente Sánchez, ni el ministro Torres, ni está el presidente de la comunidad, ni el consejero homólogo, sino los servicios técnicos y jurídicos, que se sientan, ven los textos e intentan caminar en un acuerdo», ha aclarado.

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Así, ha insistido en que «no hay ninguna bilateral entre los máximos presidentes, sino una reunión bilateral, porque así se define el artículo 33.2 de la LOTC, muy técnico, muy jurídica, y muy interna que en la mayoría de las veces no salen ni en los medios, ni se entera nadie y se llegan a acuerdos», ha afirmado Torres.


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