VALÈNCIA, 23 (EUROPA PRESS)
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha urgido a modificar las leyes estatal y autonómica para dar cumplimiento al Pacto de Estado sobre la materia y considerar a las mujeres prostituidas como víctimas de violencia de género.
La consellera ha realizado esta propuesta en su intervención en las Jornadas sobre Estrategias de Intervención contra el tráfico de Mujeres y la Prostitución que se han abierto este jueves en Torrent, organizadas por la Mancomunitat de L’Horta Sud.
En este foro, además, ha instado a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana a aprobar ordenanzas abolicionistas que sancionen solicitar o aceptar servicios sexuales retribuidos y que prohíban conductas que favorezcan y promuevan el consumo de prostitución como anuncios, tarjetas o folletos. Para ello, ha ofrecido la colaboración y el asesoramiento técnico de la Conselleria de Justicia para elaborar estas normativas locales.
Gabriela Bravo ha explicado que los estudios más conservadores apuntan que en la Comunitat Valenciana hay unas 10.000 mujeres prostituidas y que el 80% de las más de 100.000 que se calcula que hay en toda España lo hace en contra de su voluntad y en una situación de clara desigualdad.
Por ello, la consellera ha insistido en que es «necesaria» una reforma integral de la legislación que corrija reformas anteriores como «la despenalización de la tercería locativa» que se hizo hace unos años y que lo único que ha conseguido «ha sido reforzar la impunidad de los proxenetas y los tratantes de personas». Además, ha denunciado que muy pocos procedimientos judiciales acaban en una sentencia condenatoria para los explotadores de mujeres.
La titular de Justicia e Interior del Consell ha reivindicado que la prostitución «alimenta la trata de mujeres y es una muestra más de la desigualdad entre géneros y, por tanto, una cara más de la violencia de género». Por ello, la única respuesta «compatible con los derechos humanos y con la democracia es la abolición», ha apostillado.
La consellera ha insistido en que todas las administraciones deben implicarse en el objetivo de erradicar esta lacra y, en el caso de las corporaciones locales, sus ordenanzas al respecto no han de abordar la cuestión «como un problema de orden público y de seguridad ciudadana», sino como un «problema de violencia de género derivado de la desprotección de las mujeres, es decir, que se entienda que las mujeres prostituidas son víctimas y las víctimas nunca deben ser sancionadas».
IDENTIFICAR SITUACIONES
Gabriela Bravo ha hecho hincapié en que otro espacio de acción para las autoridades locales debe ser la mejora de los mecanismos para identificar situaciones de trata, ya que, a menudo, «pasan desapercibidas» como demuestra el hecho de que, en los últimos cinco años, tan sólo se han identificados a 74 víctimas de este delito entre las tres provincias.
«Por ello, –ha puntualizado– sería conveniente que las policías locales intensificaran las inspecciones realizadas en los locales sospechosos de acoger prostitución». Además, ha propuesto aumentar la información y la formación de los profesionales de entidades públicas y privadas como centros de salud, de menores, educativos y sociales para que ayuden a detectar posibles indicios de trata.
En este sentido, la consellera ha recordado que la Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito «cuenta con equipos multidisciplinares preparados para ayudar a las víctimas de la trata ya que tiene un protocolo específico para la atención de estas mujeres».
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