La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha afirmado que «sería conveniente una reforma de la Ley de Enjuiciamento Criminal de forma que se cree un cuerpo de peritos especializados en finanzas, contabilidad y economía, cuyos informes sean válidos desde el punto de vista procesal».
La titular de Justicia del Consell ha hecho esta propuesta en la apertura de las I Jornadas sobre delitos económicos y blanqueo de capitales organizado por la Cátedra DeBlanc de la Facultad de Economía de la Universitat de València, financiada por la Conselleria de Justicia.
La Cátedra DeBlanc fue creada el año pasado mediante un convenio de la Conselleria con la Facultad de Economía y a la que se le dotó con 80.000 euros para su puesta en marcha.
La función de este organismo es asesorar a jueces y fiscales de la Comunitat Valenciana en sus investigaciones y ofrecerles formación especializada en delincuencia económica mediante el uso de las nuevas tecnologías y, muy especialmente, las del denominado ‘Big Data’.
Para el año que viene, la Conselleria ha incrementado la dotación hasta los 140.000 euros a esta cátedra lo que, según Bravo, convierte a la Comunitat Valenciana «en la primera autonomía cuyos juzgados cuentan con un apoyo de esta naturaleza».
La consellera también ha señalado que, actualmente, en los tribunales españoles se investigan numerosos casos relacionados con delitos económicos. Este hecho «pone de relieve la necesidad de una justicia especializada en materia de derecho penal económico, que tiene su propia identidad, en el que quedan incluidos los numerosos casos de corrupción política y económica que tanto preocupan a la sociedad», ha explicado.
Además, la consellera ha recordado que «estamos hablando de unos tipos ilícitos que, a su vez, son consecuencia de otros crímenes como el narcotráfico, la trata de seres humanos, el contrabando o la corrupción». Estos tipos penales acaban en procesos «de gran complejidad» para el que los jueces y fiscales «no siempre cuentan con las herramientas necesarias para luchar contra ellos».
Para Bravo, «lo ideal sería que el Gobierno central arbitrara las medidas para que se pudiera dotar a los juzgados de un cuerpo de peritos especializados en este tipo de técnicas avanzadas de investigación para luchar contra la delincuencia económica y financiera».
Mientras tanto, la Generalitat, en el ámbito de sus competencias, ha puesto en marcha esta Catedra DeBlanc para dotar a los jueces y fiscales de herramientas eficientes, tanto desde el punto de vista de su formación, como de la posibilidad de contar con informes técnicos realizados gracias a los conocimientos de última generación», ha concluido.
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