Cree que Almeida tiene que presentar su dimisión y cesar de inmediato a Fanjul y al secretario del Pleno
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Vox estudiará distintas vías para anular desde la ordenanza de Movilidad hasta la de terrazas, que salieron adelante en el mandato pasado con el apoyo del ahora «ilegal» Grupo Mixto, además de recurrir a la Justicia, ya sea por lo civil o por lo penal, para recuperar los fondos destinados a esos concejales que, según ratifica ahora el Tribunal Supremo, deberían haber pasado a no adscritos.
El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha calificado de «corrupción económica» el hecho de que esos «cuatro tránsfugas» percibieran locales, personal asalariado, vocales vecinos… «Queremos que se devuelva hasta el último céntimo por una apropiación indebida, por un uso ilegítimo de los fondos públicos», ha declarado el líder municipal de Vox en rueda de prensa, que ha insistido en la existencia de «malversación de fondos públicos».
«Vamos a estimar todas las acciones judiciales, ya sea por vía penal o civil, instando a acciones directas contra esos cuatro tránsfugas o exigiendo responsabilidades por prevaricación o presentando proposiciones para que el Pleno se manifieste. Haremos todas las acciones que estén en nuestras manos para que se restablezca la legalidad y el respeto institucional», ha enumerado Ortega.
Javier Ortega Smith cree además que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ante los distintos pronunciamientos judiciales sobre el Mixto, debe presentar su dimisión, además de cesar inmediatamente al presidente del Pleno, Borja Fanjul, y al secretario del Pleno.
La responsable jurídica de Vox, Marta Castro, ha descrito como una «ilegalidad» la cometida por el Ayuntamiento, como ya argumentó su formación política en los recursos presentados contra la constitución del Grupo Mixto por «colisión con la Ley de Bases, con el reglamento del Pleno y con el derecho de representatividad».
Castro se ha referido al informe del secretario del Pleno «que permitió a esos cuatro concejales declararse Grupo Mixto cuando la realidad jurídica lo impedía porque el reglamento establece que, una vez que salen de un grupo parlamentario, esa formación no puede ir a un nuevo grupo sino que tienen que ser enviados a no adscritos, como dijo el informe del consejo asesor jurídico de la Comunidad, la Fiscalía, que señaló que Más Madrid no era una coalición sino un partido político, y que ahora ratifica el Tribunal Supremo».
Vox apunta a las consecuencias jurídicas de la declaración del Grupo Mixto por parte de Fanjul el 5 de abril de 2021 y que se declare «toda la actividad (que haya sido aprobada con el Mixto) nula».
Es el caso de la ordenanza de Movilidad, que sigue pendiente del recurso interpuesto por Vox en el Tribunal Superior de Justicia (TSJM), donde argumentaban que uno de los motivos de su nulidad sería la ilegalidad del Grupo Mixto. También salieron adelante los presupuestos de 2022 y la ordenanza de terrazas.
«EL MAYOR ACTO DE FRAUDE ELECTORAL»
Javier Ortega Smith ha remarcado que «no todo vale en política» porque hay «límites éticos, legales y morales». «El poder no se puede mantener a costa de unos principios que hacen una sociedad civilizada y libre. Denunciamos que Pedro Sánchez no puede mantenerse en el gobierno a costa de siete votos que ha comprado por la ley de amnistía, que no puede poner en riesgo la unidad por ambición y ansias de poder al vulnerar la Constitución», ha argumentado.
Esto le ha llevado a poner el foco en el Ayuntamiento, donde se ha cometido «el mayor acto de fraude electoral», donde «cambiaron la representación conseguida en las elecciones anulando a un grupo municipal (en referencia a Vox) para sustituirlo por otro ilegal, como se ha demostrado en tres instancias».
«Teníamos la ley a nuestro favor pero se retorció. El secretario del Pleno, ratificado por el alcalde, dictó un informe inaceptable donde elucubraba diciendo que no había una coalición (en Más Madrid) pero que se asemejaba».
REFERÉNDUM SOBRE LA ORDENANZA DE MOVILIDAD
Detrás de la constitución del Grupo Mixto en favor de «cuatro tránsfugas comunistas», con esa «mentira y tergiversación de la ley» ve Ortega todos los elementos para que Almeida «presente su dimisión, cese al secretario del Pleno y al presidente».
También se ha imaginado cómo saldría hoy de la situación Almeida, tirando de alguna «gracieta», para retarle a «que tenga el valor de convocar un referéndum o una consulta popular no vinculante» para ver si esa ordenanza de Movilidad tiene el suficiente refrendo ciudadano porque no es más que «el Madrid Central de Manuela Carmena, una cárcel y apartheid para las economías familiares».
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