MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a la jueza de Arganda del Rey que investiga al actor Luis Lorenzo y a Arantxa Palomino que cite a los médicos forenses para que ratifiquen, amplíen o modifiquen el informe pericial en el que determinaron que no existían datos objetivos que permitieran afirmar que María Isabel murió envenenada y para que profundicen sobre si los fármacos que se le suministraron pudieron acelerar el deterioro de sus facultades.
Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que los magistrados estiman el recurso de apelación interpuesto por el abogado de la acusación particular, el letrado Jaime Sanz de Bremond, contra el auto por el que la jueza denegó la petición de dicho abogado de que se citara a los médicos forenses para poder preguntarles sobre sus informes de 23 de junio y de 1 de septiembre de 2023.
De este modo, la Sala ordena que los médicos forenses sean citados por el Juzgado para que a presencia de las partes ratifiquen los informes, con la finalidad de «aclarar, ampliar o modificar los mismos»
En dicha pericia, los expertos concluyeron que, a pesar de haberse encontrado importantes cantidades de cadmio y manganeso en el análisis de sangre de la fallecida, «no existían datos objetivos de intoxicación aguda por cadmio o manganeso».
La orden para que la jueza atienda a esta diligencia se produce después de que acordara el pasado mes de noviembre dictar el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, lo que supone la finalización de la instrucción para dar paso a la fase intermedia previa al juicio, si así lo solicitan las partes.
La propuesta de llevar a Luis Lorenzo y a su exmujer a juicio la hizo no por un delito de homicidio, por el que se abrió la investigación, sino por «aislar» e «incomunicar» a la mujer desde que fue trasladada por ellos de Grado (Asturias) a Madrid, en marzo de 2022, hasta que falleció meses después.
En cuanto a la solicitud de la familia de la fallecida, los magistrados señalan que el informe médico forense emitido en junio, fue objeto de ampliación en posterior informe en septiembre de 2023, a instancias de la acusación particular, para que se diera respuesta a varias cuestiones.
La acusación particular no consideró entonces que dicha ampliación fuera suficiente. La jueza entendió que lo solicitado debería ser «ventilado en su caso en el juicio oral correspondiente, y no en la presente fase de instrucción, decisión que no se comparte en esta instancia».
Expone la Sala que precisamente «uno de los hechos objeto de instrucción son las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de María Isabel así como si los fármacos que se le suministraron pudieron acelerar el deterioro de sus facultades».
Por eso, creen los magistrados que conforme al principio de contradicción «debiera haberse sometido a la oportuna contradicción de las partes para la debida instrucción de la causa, garantizando el derecho a la tutela judicial».
En otro auto del mismo tribunal de la Audiencia de Madrid, los magistrados desestiman el recurso presentado por la defensa de los investigados contra el auto por el que la jueza desestimó la solicitud de sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones.
Recalcan que dicha petición de archivo solo cabría formularla una vez practicadas las diligencias pertinentes, y, como resulta de las diligencias previas, «la instrucción no se limitaba a la investigación de la causa de la muerte de María Isabel, sino a otros hechos que pudieran ser constitutivos de infracción penal».
Alude a que estaban pendientes «la práctica de diligencias, como pudieran ser los de detención ilegal o maltrato o los relacionados con la gestión del patrimonio de la fallecida».
DENUNCIA DEL HERMANO DE LA VÍCTIMA
La pareja fue investigada por la Guardia Civil a raíz de una denuncia del hermano de la víctima, por no poder comunicarse con María Isabel, ni saber nada de ella, desde que fue trasladada a Madrid por la pareja.
Tras conocerse los resultados de la autopsia de la anciana, con el hallazgo de elevadas cantidades de metales pesados en su sangre, la pareja fue detenida e investigada por el posible asesinato de María Isabel para hacerse con su herencia. La familia esgrimió que cuando estaba en la localidad de Grado (Asturias) no tenía ninguna patología salvo una sordera y cataratas.
En el auto de conclusión de la investigación, la jueza expone que de las diligencias se desprende la existencia de indicios racionales de criminalidad que permiten imputar a Luis Lorenzo, a Arancha Palomino y a una cuidadora diversos hechos punibles.
El relato arranca el 8 de marzo de 2022 cuando el matrimonio se desplazó a Grado con el objetivo de recoger de su domicilio a la tía materna de Arancha con la idea de que se instalara definitivamente en Madrid.
Según la jueza, María Isabel, de 85 años, «gozaba de autonomía para vivir sola y realizar pequeños viajes en tren a Madrid, sin necesidad de asistencia». Además de una importante sordera y cataratas, se le detectó un episodio de demencia el 4 septiembre por los servicios sanitarios madrileños.
Llama la atención de la jueza que durante doce años, la mujer acudiera catorce veces a consultas médicas de Asturias por diversas causas, mientras que en los cuatro meses que estuvo en Madrid hasta su muerte lo hiciera catorce veces por «razón del deterioro impresionado».
La sanidad madrileña le diagnosticó deterioro cognitivo neurodegenerativo y parkisonismo con alteración conductual, y prescripción de antidepresivos antipsicóticos. En junio del 2021, fue valorada en consulta de neurología del Hospital Ramón y Cajal, con diagnóstico de demencia degenerativa primaria tipo enfermedad de Alzheimer.
«AISLADA E INCOMUNICADA»
Desde su llegada a Madrid hasta el día de su fallecimiento (28 de junio del 2021), el matrimonio, «actuando de común acuerdo y con ánimo de lucro, mantuvo a María Isabel en su domicilio de Rivas Vaciamadrid, aislada e incomunicada de todos sus familiares, con la intención de facilitarse el control económico de su patrimonio».
Pese a que el 22 de abril de 2021, según el auto, se detectara por los servicios sanitarios de Asturias «problema social por aislamiento», mantuvieron el escenario de incomunicación y dependencia del matrimonio.
Aprovechando su deterioro, «el matrimonio dispuso del dinero de la cuenta corriente de ésta, simulando un uso en favor de la enferma, cuando en realidad se destinaba a servicios personales, que nada tenían que ver con los intereses y necesidades que iban surgiendo debido al avance de su deterioro».
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