MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir un caso de fallecimiento de una usuaria de una residencia de Guadarrama en plena pandemia al considerar que se archivó sin una investigación «eficaz» sobre la falta de un adecuado asistencia sanitaria por no derivar a la paciente a un hospital.
Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, por el que los magistrados estiman el recurso apelación interpuesto por el hijo contra el auto, de 25 de septiembre de 2023, del Juzgado de Instrucción 3 de Collado Villalba, por el que se acordaba el sobreseimiento provisional de una querella presentada por el fallecimiento de la mujer en una residencia de Guadarrama en la peor época de la pandemia del Covid-19, el 15 de abril de 2020.
Los magistrados ordenan revocar dicha resolución y que se proceda a realizar las diligencias que se estimen necesarias para una eficaz investigación de los hechos.
Alegaba el recurrente como motivos vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión y falta de motivación. También esgrimía que existen de indicios de criminalidad de los hechos de la querella, que revisten los caracteres de un delito de homicidio imprudente y de lesiones imprudentes.
La denuncia apunta a una posible responsabilidad penal de diversos dirigentes políticos autonómicos, entre ellos la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el entonces consejero de Sanidad, Ruiz Escudero y el consejero en aquella época de Presidencia y Justicia, Enrique López.
También señala por estos supuestos hechos delictivos al director o directora de la residencia ‘Los Ángeles’ en la que residía la mujer por el fallecimiento de esta en plena pandemia.
INDICIOS DE QUE LA MUJER «NO FUE TRATADA DE MODO ADECUADO»
La Sala expone que no puede cerrarse la investigación penal, pues existen indicios de que la mujer fallecida «no fue tratada, al menos no de modo adecuado». «Desde finales de febrero estaba mal, con fatiga, tos y dificultad respiratorio, sin que se sepa si se le aplicó el tratamiento prescrito, dada la baja del médico que la atendía y falta de su sustitución», señala.
Recalcan los jueces que «pese a su estado y empeoramiento no recibió una asistencia médica presencial, no sabiéndose si le fue aplicado por la residencia el oxígeno y cuidados pautados telefónicamente».
«Desde luego no se realizó la derivación hospitalaria que estaba indicada, desconociéndole los motivos de ello. Estamos ante lo que parece ser una falta de una adecuada asistencia médica sanitaria, que debe ser debidamente investigada, siendo le sobreseimiento precipitado y fundado en una ausencia de una investigación eficaz», recoge.
Así, indican que «no solo deben ser oído el querellante y los familiares de la mujer, sino del director del centro residencial en el momento de los hechos como investigado y de las personas que atendieron a F., así como del médico que la asistió en un primer momento de modo presencial y después, telefónicamente, y demás diligencias que se estimen necesarias, cuidando las prórrogas de los plazos de instrucción, si fuera necesario».
Tras conocerse esta reapertura, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, reiteró que tanto el Gobierno autonómico como los profesionales hicieron durante la pandemia «todo lo humanamente posible por salvar cada vida».
Durante un acto celebrado el martes, Dávila recordó que su actuación fue «avalada por diez sociedades médicas», así como que la Justicia ha archivado hasta 19 causas sobre esta cuestión. En cualquier caso, la consejera expresó su respeto por «el trabajo que sigue haciendo la Justicia», pero remarcó su apoyo «al trabajo que hicieron todos los profesionales que se dejaron la piel por salvar cada vida».
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