Calculan el impacto directo en el crecimiento del PIB madrileño en alrededor de 1.450 millones
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La asociación Madrid Aloja calcula que ocho de cada diez pisos turísticos que operan en la ciudad desaparecerían con la nueva normativa municipal, después de que ayer la Junta de Gobierno aprobara el avance de la modificación de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de 1997 (PGOUM), donde se contempla que los pisos turísticos sólo puedan ocupar en la capital las plantas bajas o primeras de los edificios.
El cálculo lo han hecho a partir de una encuesta realizada entre sus socios, que les lleva a apuntar que «esta limitación tendrá un impacto directo en el crecimiento del PIB madrileño ya que pone en juego alrededor de 1.450 millones de los más de 1.800 millones de euros que esas viviendas inyectan, actuando además como dinamizador económico del comercio de proximidad», han indicado en un comunicado.
A la espera de conocerse el documento, que estará sometido a consulta pública durante los próximos tres meses, la asociación considera que la exigencia de contar con la autorización de la Comunidad de Madrid y la licencia municipal «supone borrar de un plumazo los miles de pisos turísticos que vienen operando desde hace ocho años con declaraciones responsables exigidas por Turismo de la Comunidad y permite la entrada indiscriminada de nuevos actores, cuyo saber hacer está por demostrar».
Madrid Aloja ha apuntado que «la experiencia y buen hacer mayoritario en el sector de las viviendas vacacionales urbanas ha situado a Madrid como la quinta urbe europea con mayor número de reservas», con 8,3 millones de noches reservadas a través de las principales plataformas, esto es, Airbnb, Booking, Expedia y Tripadvisor, según Eurostat.
La asociación ha añadido que ella es «la primera interesada en regular el alquiler vacacional urbano» y prueba de esto es que el pasado junio trasladó al Consistorio una batería de medidas «para devolver la seguridad jurídica al sector y garantizar la convivencia con los vecinos».
Entre ellas incluían un censo con «un sistema de plazas limitadas pero dinámico, para garantizar un crecimiento sano y sostenible». La asociación insiste en que «no se puede generalizar los casos aislados de mala convivencia vecinal y hacer que paguen justos por pecadores».
Y para eso apuntan que, según la Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos de la Ciudad de Madrid del Ayuntamiento, realizada en 2019, «sólo un 3,5% de los ciudadanos lo reconoce como un problema, porcentaje muy inferior al de otros como la limpieza de las calles (36,3%), la contaminación del aire (24%) o el tráfico y los atascos (16,5%)».
Según el presidente de Madrid Aloja, Adolfo Merás, ven «con buenos ojos que se haya retirado la exigencia de que las viviendas tengan un acceso independiente, diferente al del portal, clarificando el futuro del sector».
«Pero iría contra el sentido común prohibir las que ya existían puesto que la normativa que se hace es para regularlas y no para sepultarlas. La retroactividad de esta medida sería una bomba de relojería para un sector económico clave para la región y para la proyección de Madrid como destino turístico de primer orden», ha argumentado.
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