MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
Jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia progresistas han mostrado su malestar por el negacionismo de la Violencia de Género y la supresión de derechos LGTBI que supone la Ley Integral de Igualdad y no Discriminación registrada ayer por Vox en la Asamblea de Madrid.
La normativa propone derogar las leyes de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual.
Ante ellos, Jueces y juezas por la Democracia (JJpD), La Unión progresista de Fiscales (UpF) y el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia(SISEJ) han emitido un comunicado conjunto para mostrar su rechazo a esta ley.
Aluden a que la Ley, según su exposición de motivos, pretende «proveer a la protección efectiva por parte de la Administración de la Comunidad de Madrid a personas que sean víctimas de discriminación y delitos con violencia, o sufran trato discriminatorio, vejatorio o degradante por cualesquiera circunstancia».
Sin embargo, apuntan que la normativa menciona de «forma consciente» la violencia de género, regulando en el artículo 12 las medidas de atención, apoyo, orientación y seguimiento a las víctimas de violencia en matrimonios o relaciones de análoga efectividad a la conyugal, sean víctimas hombres o mujeres.
De igual forma, se refiere a la protección de la persona acosada frente a la persona acosadora, eludiendo los diferentes tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres.
En este marco legal y asistencial de las víctimas, se establece «un catálogo general de derechos de carácter extraprocesal en el que se incluye la atención a las víctimas de agresiones en que haya concurrido un motivo discriminatorio, eludiendo de nuevo la necesaria atención y asistencia especializada a las víctimas de violencia de género».
Además, la ley presentada contiene una disposición derogatoria de las leyes de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual.
El colectivo menciona los datos incluidos en la memoria anual de actuaciones de 2020 de la Red de Oficinas de Asistencia a las Vctimas del Delito (DAO) de la Comunidad de Madrid, donde se observa que fueron atendidas un 86% de víctimas mujeres mayores de edad y un 5% de víctimas mujeres menores de edad, lo que supone que un 91% de las víctimas son mujeres.
En atención al tipo delictivo, según dicha memoria, la asistencia a víctimas de delitos sexuales supuso el 31,2% y la asistencia por delitos de violencia de género, el 28,4%
Las asociaciones firmantes recalcan la importancia de adquirir «un enfoque integral, a largo plazo, holístico, multidisciplinar y coordinado entre todos los sectores, para combatir la violencia contra las mujeres».
Igualmente, subrayan que han denunciado «la grave situación de aumento de la violencia de género y el retroceso de los derechos humanos y de la paridad».
Desde estas asociaciones reclaman «el compromiso de todas las administraciones para avanzar en la protección de los derechos de las mujeres y de los colectivos vulnerables, como impone el ordenamiento jurídico interno y el derecho internacional.
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