El Consistorio subraya que la decisión «incumple el acuerdo de cesión» y advierte de las implicaciones de invertir dinero público en ese espacio
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado este miércoles el visto bueno al inicio de las obras de acondicionamiento del nuevo centro de primera acogida para menores extranjeros en el edificio La Cantueña en Fuenlabrada, amparándose en el artículo 163.5 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid que apunta a «razones de urgencia e interés general» tras la negativa del Ayuntamiento a autorizar su reforma.
Lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha desgranado que la Comunidad invertirá 6,9 millones de euros para reformar la instalación. Estará operativa en el segundo semestre de este año y tendrá una capacidad para hasta 100 personas.
Los trabajos se centrarán en 4.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas donde tendrán cabida distintas zonas comunes, como las de formación, consigna, comedor o enfermería; dormitorios; zonas de baño, y espacios para los educadores donde puedan desarrollar los programas de integración.
«La Comunidad ha dado este paso, lógicamente, dado el descontrol que en este momento estamos sufriendo en nuestro país como consecuencia de una política migratoria descontrolada por parte del Gobierno central», ha defendido el consejero, quien ha remarcado que dado que les compete deben darles «la mejor atención posible».
COMPLEJO LA CANTUEÑA
Además, García Martín ha recordado que con esta reforma el complejo La Cantueña, además de servir de alojamiento a estos menores, «también va a permitir poner a disposición de los jóvenes de Fuenlabrada» varios espacios para actividades formativas, actividades medioambientales, culturales y lúdicas.
Posteriormente, fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales han hecho hincapié en que el inmueble lleva en desuso 23 años y el Ayuntamiento de Fuenlabrada «no ha mostrado en este tiempo el más mínimo interés por darle un contenido social de ningún tipo».
«La negativa de este Ayuntamiento muestra la hipocresía y la doble moral de una izquierda que se llena la boca de solidaridad en sus discursos pero que a la hora de la verdad demuestra con hechos que no quiere a menores inmigrantes en su municipio», han criticado.
FUENLABRADA DICE QUE INCUMPLE EL CONVENIO
El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE), anunció recientemente que ha activado el expediente para la reversión de las instalaciones de La Cantueña y ha asegurado que agotará los plazos legales que establezca el proceso administrativo, antes de emprender otras vías.
Desde el Ayuntamiento explican que «ya ha iniciado» el expediente de reversión del espacio de La Cantueña puesto que esta decisión de la Comunidad de Madrid «incumple de manera flagrante el acuerdo por el que el Ayuntamiento cedió dichos suelos». Este convenio establece una cláusula de reversión del suelo en el caso de no utilizarse para el fin inicialmente previsto, defiende.
A su juicio, la intención de la Administración regional es «tratar de imponer un contenedor de menores en la ciudad sin sentarse a dialogar con el Ayuntamiento y saltándose las normas urbanísticas de la ciudad y el propio convenio por el que se cedió ese espacio».
Tras conocerse la decisión de la Comunidad, fuentes municipales han añadido que «no aporta nada nuevo» más allá de mostrar «la obsesión del Gobierno del PP por poner en marcha este equipamiento en Fuenlabrada». «Intentarán hacerlo cueste lo que cueste», subrayan, para acusar a los responsables de la Comunidad de no estar interesados en «dar soluciones realistas» a la acogida de menores de manera conjunta con los ayuntamientos, sino «solo en atacar la autonomía local de Fuenlabrada».
Las mismas fuentes, consultadas por Europa Press, creen que el Ejecutivo regional actúa «desde la prepotencia» y remarcan que en una cuestión «tan importante» como el trabajo con menores, la Comunidad de Madrid «prescinde de la lealtad entre instituciones, del diálogo y de la colaboración entre administraciones» para poner en marcha «de manera unilateral» un equipamiento que «incumple las recomendaciones del Consejo de Europa y la propia ley de servicios sociales puesto que no garantiza la efectiva integración de los menores».
«Consideramos que ese espacio es de la ciudad de Fuenlabrada por lo que la Comunidad debe cuidarse mucho de invertir dinero de todos los madrileños en dicho espacio», han culminado dichas fuentes.
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