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CCOO critica que la Comunidad financie las clases en domicilio a alumnos con problemas médicos de colegios privados

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MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

CC.OO. ha criticado que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid vaya a financiar las clases en domicilio o en el hospital a alumnos con algún problema médico escolarizados en colegios privados, según ha trasladado en un comunicado.

Tal y como ha recordado el sindicato, para garantizar el derecho de la educación existe un servicio para atender las necesidades de alumnos enfermos matriculados en centros sostenidos con fondos públicos, es decir en centros privados y concertados. Se trata del Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario (SAED), de carácter público, integrado por 43 maestros y maestras y 71 profesores y profesoras de Secundaria con su titulación y oposiciones.

«Este servicio no cubre al alumnado de los centros privados, porque las familias que deciden llevar a sus hijos e hijas a centros privados dentro del marco de la libertad de elección del centro, deben asumir todos los gastos y servicios educativos. Y esto incluye la atención educativa en caso de enfermedad que imposibilite la asistencia presencial a clase», ha señalado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. Madrid, Isabel Galvín.

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Así, ha criticado que esto pase mientras el SAED está «saturado», con unos presupuestos de los últimos años muestran que las cantidades destinadas «se han recortado año tras año, mientras el dinero que va a los colegios privados aumenta».

«Además con esta medida la Consejería hace prevalecer el supuesto derecho a la elección del modelo educativo elegido por los padres por encima del derecho a la educación, tal como está concebido en la Constitución», ha afirmado Galvín. Para la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Madrid esta medida es «de dudosa legalidad porque no se garantiza ni la cualificación de quien imparta esas clases ni tampoco la impartición del currículo oficial».

Al respecto, fuentes de la Consejería de Educación han defendido que la Administración educativa tiene la obligación legal de garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la educación de todos los alumnos, según han indicado a Europa Press.


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