El juez que investiga a Emili Dragone y a la cementera pide que entregue los documentos
BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)
El exjefe del servicio de Prevención y Evaluación Ambiental de Actividades de la antigua Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat, Emili Dragone, ha defendido en su declaración como investigado por autorizaciones ambientales a la fábrica Lafarge en Montcada i Reixac (Barcelona) que ya habían sido anuladas por la justicia que lo hizo siguiendo informes jurídicos.
Dragone ha acudido defendido por un abogado de la Generalitat y fuentes presentes en la declaración de este viernes en el Juzgado de Instrucción 27 de Barcelona han explicado que el juez le ha pedido que entregue estos informes a los que se ha referido para que formen parte de la causa.
Las citadas fuentes han añadido que la representante legal de la empresa, también investigada, ha asegurado que no conoce los detalles de estas autorizaciones porque se dieron antes de que ella asumiera el cargo, en enero del año pasado.
Los dos han declinado responder a las preguntas de la acusación particular, que ejerce la Agrupació de Veïns del barri de Can Sant Joan de Montcada i Reixac tras una querella contra la empresa, pero sí han contestado a la Fiscalía, que también ha denunciado el caso por presuntamente volver a conceder autorizaciones que ya habían sido anuladas por la justicia, lo que en noviembre de 2022 desembocó en una orden del Tribunal Supremo (TS) para cerrar la empresa.
La denuncia del fiscal apunta a un presunto delito contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente y expone que Dragone dio en 2008 una declaración de impacto ambiental a Lafarge que más tarde anuló el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) porque se había omitido «un requisito esencial y de entidad, legalmente exigido».
Según la Fiscalía, Dragone sabía que la anulación judicial era firme y, en 2015, «lejos de promover el inicio de un nuevo procedimiento administrativo de autorización ambiental de la actividad correspondiente a esa empresa cementera, como secretario de la ponencia ambiental propuso, sin más, la publicación» de la misma declaración de impacto ambiental de 2008.
NUEVA AUTORIZACIÓN EN 2023
Actualmente la empresa tiene permiso de actividad con una nueva autorización condedida en 2023 y fuentes judiciales han indicado que en la causa consta un informe de los Mossos d’Esquadra que tras hacer mediciones ha constatado que actualmente la planta no contamina por encima de lo permitido.
La acusación particular ya ha pedido al TSJC que anule esta última autorización, y el abogado de los vecinos que se querellaron contra la empresa, Albert Calduch, ha afirmado en declaraciones a los periodistas tras las citaciones de este viernes que prevé que les respondan en el próximo mes.
«Con licencia no han estado jamás, porque desde que ganamos el primero y se declaró nulo, todo lo otro se declaró nulo como unos escalones de una escalera, y por lo tanto, licencia no hay», ha valorado Calduch sobre la validez de la última autorización a la empresa.
«PARCHES CON APARIENCIA DE LICENCIA»
En noviembre de 2022, el Supremo ordenó a raíz de una sentencia firme cerrar y precintar la fábrica, ante lo que Calduch ha criticado que las nuevas autorizaciones «son parches con apariencia de licencia y que la connivencia entre la Generalitat y la empresa eleva a categoría de acto jurídico firme».
«En cualquier caso, es público y notorio que hay una parte del suelo de Lagarge-Asland que está contaminada y que la empresa no ha hecho nada, ni parece que lo hará, aunque hay un riesgo por la salud de sus trabajadores», ha añadido Calduch.
La siguiente cita prevista para esta causa es el martes 30 de abril, cuando están citados a declarar en calidad de testigos la exdirectora general de Calidad Ambiental, Assumpta Farran; el exsecretario de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Joan Enric Llebot, y la exsecretaria de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Marta Subirà.
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