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La Generalitat impulsa una ley contra el racismo y otra sobre ocupación pública

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BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

El Govern ha aprobado este martes las memorias preliminares de dos anteproyectos de ley, una para hacer frente al racismo en todas sus formas y otra que define un marco legal común sobre ocupación pública para todas las administraciones catalanas.

En rueda de prensa posterior al Consell Executiu, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha explicado que la ley contra el racismo pretende abordarlo de forma integral y estructural con sus diferentes formas y expresiones, como el antigitanismo, la islamofobia, la xenofobia y también el institucional: “Se quiere aplicar la perspectiva antirracista en todas las políticas públicas y en todos los niveles de administración”.

La iniciativa, impulsada por la Conselleria de Igualdad y Feminismos, busca eliminar “las múltiples formas de desigualdad, discriminación y violencia étnico-racial que afectan a las personas racializadas y migrantes en Catalunya”.

Plaja ha alertado de que hay datos e informes de organismos internacionales que apuntan a un aumento del racismo en los últimos años y ha explicado que la ley contará primero con un proceso participativo para que la ciudadanía haga aportaciones y propuestas.

Así, se abre un periodo público de consulta previa de la ley durante tres meses y medio, en el que se organizarán reuniones presenciales para obtener información de la ciudadanía, entidades, organizaciones sociales y colectivos para elaborar un primer borrador de la ley.

PRIMERA LEY DE OCUPACIÓN PÚBLICA

Sobre la ley de ocupación pública, Plaja ha señalado que permitirá por primera vez Catalunya tenga una ley que define “un modelo de función pública propio” y que el proyecto busca una reforma integral de la ocupación pública para adaptarla al entorno social, económico y cultural y al actual contexto tecnológico y científico.

Considera que supondrá una “mejora de la calidad institucional de la ocupación pública con la introducción de elementos básicos de innovación que hagan de la función pública una institución con un alto grado de profesionalización, imparcial y responsable, y con una indudable vocación de servicio a la ciudadanía”.

Antes de la redacción del proyecto de ley, se llevará a cabo una consulta pública para recoger opiniones y demandas de la ciudadanía, y se harán consultas específicas a entidades y asociaciones de atención a las personas con discapacidad y a las organizaciones sindicales con más representatividad en la administración pública.