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Andorra permite incrementar un 10% el precio de los alquileres congelados en 2019

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Una nueva ley reconocerá al Gobierno un derecho de adquisición preferente de viviendas

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 27 (EUROPA PRESS)

Andorra permitirá incrementar el precio de los alquileres congelados en 2019 hasta un 10% siempre que se formalice un nuevo contrato, sea aceptado por acuerdo mutuo del arrendador y el arrendatario, y por una duración mínima de cinco años.

Si no hubiera acuerdo, o no se respetan las condiciones para poder incrementar el precio del alquiler, la parte arrendataria podrá exigir la “prórroga forzosa” del contrato por un año más.

Así lo ha informado el Ejecutivo en un comunicado sobre la reunión de la Mesa Nacional de la Vivienda celebrada este martes, en el que afirma que los contratos que finalicen el próximo año se tendrán que prorrogar forzosamente.

Estos son algunos de los aspectos que contempla el proyecto de Ley de protección y flexibilización del mercado de arrendamiento de vivienda e incremento del parque de vivienda público, que se prevé que pueda aprobarse antes de fin de año.

La propuesta “busca la protección de las personas arrendatarias y la flexibilización necesaria del mercado de la vivienda con la finalidad de satisfacer un equilibrio entre las partes”, ha justificado el ministro de Territorio y Vivienda, Víctor Filloy.

El texto, “con la voluntad de incrementar el parque público de vivienda y proteger las personas y familias más vulnerables”, reconoce al Gobierno un derecho de adquisición preferente sobre viviendas, la tipología de las cuales se determinará reglamentariamente.

El titular de Territorio y Vivienda ha aprovechado la reunión para presentar los puntos trabajados en los últimos meses para “dar pasos necesarios y decididos para adoptar políticas estratégicas en materia de vivienda que ayuden a descongestionar el mercado facilitando el acceso y el mantenimiento de una vivienda digna”.

RECOGIDA DE DATOS INMOBILIARIOS

Así, Filloy ha presentado un “primer esbozo” de sistema de indicadores de vivienda que ha de permitir el análisis del mercado desde distintos puntos de vista –demográfico, económico y de la construcción, entre otros–, para que los poderes públicos puedan adoptar las medidas correctoras oportunas.

En este sentido, se ha informado del futuro funcionamiento del fichero que recogerá los datos anónimos de los contratos de arrendamientos de viviendas, que se regulará mediante reglamento de acuerdo con la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda.

“Alimentamos el sistema de datos relativos al parque inmobiliario de alquiler, hecho que nos permite analizar en mayor medida y precisión la situación”, ha manifestado el titular de Vivienda, según recoge la nota de prensa.

La plataforma informática se alimentará con la información obligatoria que tendrá que aportar la parte arrendataria y con “los históricos de los contratos desde 2015 que tengan los comuns –ayuntamientos–“.

Con estos datos se podrán conocer las condiciones, anónimas, de la parte arrendataria y arrendadora de la vivienda, así como las características del piso y su localización.

Filloy también ha informado que se ha avanzado en la creación del Instituto Nacional de la Vivienda después de la aprobación de la Ley hace unas semanas por el Consell General, y de la puesta en marcha del Fondo de la Vivienda.

Para el ministro, tanto el instituto como el fondo son fundamentales para “adelantarnos a los posibles escenarios del mercado de la vivienda e impulsar la construcción y rehabilitación de viviendas de precio asequible para dar respuesta a la demanda excluida del mercado ordinario del alquiler”.

LA MESA NACIONAL DE LA VIVIENDA

La Mesa Nacional de la Vivienda se constituyó oficialmente en julio del 2019 con el objetivo de contribuir al diagnostico de la situación, al diseño de propuestas dirigidas a la mejora y a hacer el seguimiento de las actuaciones que se inicien.

Este organismo cuenta con representantes del Gobierno y de los comuns, el Raonador del Ciutadà –defensor del pueblo–, de Andorran Banking, de la Asociación de Propietarios de Bienes Inmuebles, de la Asociación de Contratistas de Obra, del Colegio de Agentes y Gestores Inmobiliarios, de la Asociación de Empresas de Alojamiento Turístico, Cáritas, el Colegio de Arquitectos, el Foro Nacional de la Juventud y la Asociación de Consumidores y Usuarios.