LEÓN, 28 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León se ha reunido hoy y ha resuelto diversos recursos sobre contratos que ascienden a casi 50 millones de euros.
Además, el Consejo Consultivo ha dictaminado el proyecto de decreto que regula el registro de intermediarios de crédito inmobiliario y prestamistas inmobiliarios de Castilla y León y las funciones de supervisión y sanción a los mismos.
El decreto tiene por objeto completar, en Castilla y León, el régimen jurídico establecido por la normativa estatal para los intermediarios y prestamistas de crédito inmobiliario, mediante el establecimiento y regulación del Registro de Intermediarios de Crédito Inmobiliario y Prestamistas Inmobiliarios de Castilla y León, así como la atribución a órganos administrativos autonómicos de las funciones de supervisión y sanción previstas en esta materia, explica el órgano a través de un comunicado remitido a Europa Press.
«Lo dispuesto en el decreto debe entenderse sin perjuicio de la aplicación directa de la normativa estatal dictada en el ejercicio de las competencias de carácter exclusivo que el Estado tiene atribuidas.Recordar que es preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo en los casos previstos en la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora de la institución, entre los que están los anteproyectos de Ley o, entre otros, los proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las Leyes así como sus modificaciones», añade.
Por otro lado, hoy también se han dictaminado diversos asuntos de responsabilidad patrimonial relacionados con reclamaciones debido a daños y perjuicios derivados de la asistencia sanitaria prestada o, entre otros, por daños sufridos en caídas por el mal estado de la acera.
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