VALLADOLID, 4 (EUROPA PRESS)
El presidente del Consejo Consultivo y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarccyl), Agustín S. de Vega, ha subrayado durante la reunión de coordinación de tribunales administrativos de contratación pública que los órganos encargados de resolver los recursos especiales se configuran como un mecanismo de control de irregularidades y se convierten en uno de los principales instrumentos de transparencia y buen gobierno mediante el control de la legalidad en la contratación pública.
En la inauguración del encuentro, en el que también han participado el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, y la presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Mª de la Concepción Ordiz, S. de Vega ha recordado las particularidades del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León explicando que es un modelo muy diferente al de otras Comunidades Autónomas.
En este sentido ha afirmado que es el único Tribunal de contratos que cuenta con una íntegra independencia funcional y jerárquica señalando que está adscrito al Consejo Consultivo, órgano de control jurídico encargado de velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico en su conjunto.
Respecto al Consejo Consultivo actúa con separación de funciones y también con plena independencia del resto de órganos de la Comunidad, realizando su labor a coste cero.
MÁS DE MIL RECURSOS RESUELTOS
Asimismo se ha referido a que el afianzamiento y la solidez del Tribunal lo ratifican los datos. Desde 2012 ha resuelto más de 1.000 recursos en materia de contratación pública, que superan la cifra de 8.000 millones de euros en litigio.
S. de Vega ha subrayado que la importancia de la actuación de estos tribunales está directamente relacionada con la descongestión de la jurisdicción contencioso administrativa en el ámbito de la contratación pública; las resoluciones del Tarccyl han evitado en un 95% de los casos su conversión en recursos contenciosos ante el Tribunal Superior de Justicia lo que confirma, en su opinión, que un buen sistema administrativo de control preventivo, coordinado e independiente es la mejor inversión en la gestión de la contratación pública.
Por otro lado, el presidente del Tarccyl se ha referido al momento especialmente complejo en el que se encuentran los órganos de contratación aludiendo a la sobrecarga de trabajo como consecuencia de la ampliación del ámbito objetivo por la Ley de Contratos del Sector Público, a lo que se suma que debido a la pandemia se han hecho propuestas para extender aún más el ámbito de aplicación del recurso especial en materia de contratación a todos los contratos y todas las cuantías, también en cuestiones de ejecución contractual, entre ellas las reclamaciones de indemnización por las suspensiones contractuales producidas por las medidas del Covid.
S. de Vega también ha explicado que otro de los desafíos que afrontan los tribunales está relacionado con los fondos de recuperación europeos, sobre todo con los canalizados a través de expedientes de contratación.
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