VALLADOLID, 10 (EUROPA PRESS)
La Plataforma Social de Castilla y León ha trasladado su «gran decepción» ante la previsible aprobación este miércoles, 10 de abril, de la Ley reguladora del modelo de atención de centros de carácter residencial, un texto que tiene «mucha literatura» pero que «carece de compromisos» para cambiar la situación en las residencias de la Comunidad.
Este colectivo ha reprochado a la Junta de Castilla y León que se haya mostrado «insensible» y ha acusado al Gobierno autonómico de dar la espalda a las propuestas presentadas por los colectivos sociales en los cuatro años de tramitación de una norma que, según advierte, no va a dar respuesta al mayor problema de las residencias, contar con el personal necesario que garantice la atención centrada en la persona.
«Anunciar que se va a garantizar dicha atención y luego no concretar el número de profesionales de atención directa, ni de profesionales técnicos que faciliten los cuidados que cada persona necesita, convierte a la Ley de residencias en algo poco útil», advierte la Plataforma Social de Castilla y León que recuerda a la Junta que las leyes tienen que servir para garantizar derechos a las personas.
La Plataforma Social ha insistido en que la ley que saldrá adelantge este miércoles es «una simple declaración de intenciones» ya que, entre otras cosas, no plantea que se puedan prestar los cuidados que necesita la persona que decida permanecer en su casa y no acudir a un centro residencial y no considera como derecho subjetivo el acceso a una plaza residencial a quien lo necesite.
Según recuerda este colectivo, en Castilla y León sólo una de cada doce plazas de residencia de personas mayores es pública, «con lo que recae sobre las familias el sobrecoste que supone tener que acudir a un centro privado».
Este colectivo critica también que la nueva norma no establece el número de profesionales de atención directa que deben tener las residencias e insiste en que no se garantiza la atención adecuada a las personas que están en una residencia, ni establece que las residencias dispongan de equipos multidisciplinares (fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, animadores socioculturales) que faciliten los servicios que puedan garantizar la atención centrada en la persona.
A esto añade que carece de compromisos presupuestarios ni exige que todas las residencias dispongan de un consejo de centro donde tengan participación los residentes y sus familias. También critica que no garantiza las visitas de las familias a las personas residentes en caso de pandemia y ni aborda la necesidad de que existan suficientes plazas de convalecencia sociosanitaria para las personas que son dadas de alta después de una operación y necesitan un periodo de recuperación para volver a ser autónomas.
Otra de las críticas al nuevo texto normativo es que no establece que todas las residencias deben disponer de «unidades de convivencia», «una de las medidas anunciadas reiteradamente desde la Junta de Castilla y León, que sólo se instalarán en algunos centros», y que no garantiza que las evaluaciones que se van a realizar sobre el funcionamiento de las residencias sirvan para detectar aquellos aspectos que es necesario mejorar, «siendo necesario que contemplara la opinión de las personas usuarias y sus familias».
Desde la Unión de Consumidores de CYL, el Colegio profesional de Educadores y Educadoras Sociales de CYL, la Federación de Asociaciones Vecinales «Antonio Machado», el colegio profesional de Fisioterapeutas de CYL, el colegio profesional de Terapeutas Ocupacionales de CYL y la Plataforma Social de CYL, han demandado que el desarrollo reglamentario de la Ley sirva para concretar «todo aquello que la ley no ha hecho».
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