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La Junta destina 550.000 euros para prevenir la siniestralidad en el sector agrario y en el mundo rural

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VALLADOLID, 16 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León destina 550.000 euros a prevenir la siniestralidad laboral en el sector agrario y el mundo rural a través de distintos proyectos, fundamentalmente dirigidos a pymes.

Precisamente, el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, Fernando de la Parte, se ha reunido hoy con responsables de CEOE, UGT y CCOO para realizar el seguimiento de dicha ayudas convocadas por la Junta.

Los beneficiarios de estas ayudas podrán ser las mismas organizaciones sindicales, sus fundaciones u otras organizaciones representativas en su sector.

En este sentido, todos los proyectos serán valorados por el diseño de la acción preventiva y la mutabilidad e impacto sobre la siniestralidad, con el fin de que las propuestas «puedan competir con el resto y tener resultados», ha aclarado el director general Fernando de la Parte, quien ha añadido que también se valorará la calidad de la entidad y del equipo técnico, y la adecuación del presupuesto a las actividades a desarrollar.

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El Ministerio de Trabajo y Economía Social era el organismo gestor de estas subvenciones hasta que decidió su traspaso a las comunidades autónomas. «Pese al retraso en el traspaso en esta transferencia y en los fondos asignados a este programa de apoyos, Castilla y León ha sido una de las comunidades que ha logrado realizar la convocatoria con celeridad antes de concluir 2023», destacan desde la Junta.

Los accidentes graves y mortales en sectores fundamentales para Castilla y León, como el agrícola, suponen casi un 15 % del total. Se trata de un sector en el que se encuentran algunas de las actividades con mayor índice de incidencia, como pueden ser la silvicultura o las explotaciones forestales (tareas de tala y aserraderos), con 8.919 accidentes por cada cien mil trabajadores.

Por este motivo, desde Consejería de Industria, Comercio y Empleo se busca que las organizaciones involucradas con este sector sean las que presenten proyectos que impliquen una reducción real en los riesgos a los que se exponen los trabajadores.

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