El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y los alcaldes de los ayuntamientos de Piñel de Arriba, Valoria la Buena, San Miguel del Arroyo y Mota del Marqués, han firmado esta mañana el convenio que permitirá a la Junta rehabilitar las cuatro viviendas, una en cada municipio, que pasarán a formar parte del parque público de alquiler social. Con ellas son ya trece las viviendas acondicionadas por Fomento y Medio Ambiente en el medio rural de Valladolid dentro del programa Rehabitare, que en Castilla y León ha permitido recuperar hasta un total de 137 viviendas, propiedad de los ayuntamientos pero en situación de abandono o en desuso.
Con estas últimas incorporaciones aumenta la oferta de vivienda social en el medio rural de la provincia de Valladolid que dispondrá de 13 viviendas rehabilitadas repartidas en otras tantas localidades, en cuyas obras la Junta ha invertido un total de 637.222 euros. Las localidades de la provincia que disponen de una vivienda en régimen de alquiler social, además de las que se han incorporado esta mañana, son: Matapozuelos, Valbuena de Duero, Alaejos, Villalón de Campos, Campaspero, Pedrosa del Rey, Trigueros del Valle, Valdestillas y Alcazarén.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha visitado esta mañana la vivienda rehabilitada en Alcazarén, antigua casa del maestro, que se encuentra ya completamente acondicionada para ser habitada. Cuenta con tres dormitorios, aseo, salón comedor y cocina, distribuidos en una superficie de 58 metros cuadrados. Las obras han supuesto una reforma integral, con cambios en cubierta, canalones y bajantes, muros y aislamientos, y en el interior nuevas instalaciones de agua, calefacción, sanitarios y amueblamiento de cocina. El coste de la rehabilitación ha sido de 50.000 euros.
Suárez-Quiñones ha recordado que el programa Rehabitare contribuye a la lucha contra la despoblación de forma relevante al proporcionar actividad económica, servicios y confortabilidad, dinamizando la economía del medio rural, dado que las obras recaen en empresas de la zona y proporcionan empleo local, al mismo tiempo que satisface el derecho a la vivienda a las personas y familias más necesitadas.
Asimismo, el consejero destacó la consolidación del Programa que ha permitido incorporar entre 2016, 2017 y las previsiones para 2018, un total de 137 viviendas en 127 localidades de Castilla y León. La inversión global asciende a cerca de seis millones de euros. Este año se han incorporado ya 40 viviendas en distintas provincias de la Comunidad.
Se trata de viviendas en desuso, propiedad de estos ayuntamientos, que ceden a la Junta de Castilla y León para su rehabilitación y para, posteriormente, poder ofrecerlas en régimen de alquiler a familias del medio rural con una situación económica y social difícil. Los cuatro convenios firmados esta mañana contemplan una inversión de 2015.686 euros para la rehabilitación de las cuatro nuevas viviendas incorporadas al programa Rehabitare.
Estas viviendas, además, se suelen ubicar en los cascos urbanos, lo que permite contar con todo tipo de servicios, optimizando así las infraestructuras existentes, evitando el deterioro del patrimonio municipal y mejorando la estética urbana.
615 viviendas de alquiler social en Valladolid
El programa Rehabitare forma parte del Programa de Vivienda Social en Castilla y León, cuyas líneas maestras son fruto del Diálogo Social y cuyo objetivo prioritario es el fomento del alquiler para las familias y personas más necesitadas, a través de ayudas y de la creación de un parque público de vivienda en alquiler.
El Parque Público de Vivienda en Alquiler de la Junta de Castilla y León dispone actualmente de 1.876 viviendas incorporadas de distintas procedencias: las propias de la Administración autonómica, desocupadas y reservadas para colectivos en riesgo de exclusión social; otras cedidas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb); las incluidas en el Programa Rehabitare, que son cedidas por los ayuntamientos a la Junta para su rehabilitación y posterior alquiler en el medio rural; y las viviendas de protección pública propiedad de Somacyl que actualmente se ofrecen en régimen de alquiler con opción a compra.
El parque público de viviendas en alquiler social dispone en la provincia de Valladolid de 615 viviendas, de las cuales 530 son propiedad de la Junta, 28 de la Sareb, 35 cedidas por Somacyl y otras 22 proceden de convenios con ayuntamientos y otras instituciones, entre ellas los Obispados que, al igual que los ayuntamientos, están cediendo sus casas rectorales disponibles en el medio rural. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha firmado convenios de colaboración con la iglesia en León, Ciudad Rodrigo, Palencia y Segovia.
Apoyo a los jóvenes y al medio rural
La política de vivienda de la Junta de Castilla y León, consensuada en el marco del Diálogo Social, incluye además diferentes líneas especialmente dirigidas a luchar contra la despoblación mejorando las condiciones de acceso a una vivienda en el medio rural, con especial atención a los jóvenes.
La Junta de Castilla y León gestionará, en el ámbito del último plan de vivienda 2018-2021 aprobado recientemente, una inversión de 36,7 millones de euros, la mitad, 18,35 millones, para actuaciones de rehabilitación de vivienda y la otra mitad para las Áreas de Regeneración Urbana. De los 18,35 millones destinados a rehabilitación de viviendas, la cuarta parte deberá dedicarse obligatoriamente a actuaciones en el medio rural; y de la partida destinadas a los ARUs, otros 18,35 millones, un tercio se destinará a la regeneración urbana también en el medio rural. Ya en este sentido, el Consejo de Gobierno aprobó la semana pasada la declaración del ARU ‘Ciudad de los Almirantes’, en el centro histórico de Medina de Rioseco, que permitirá rehabilitar 125 viviendas.
Además este nuevo Plan de Vivienda 2018-2021 ha incorporado, a propuesta de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, ayudas para la rehabilitación de viviendas unifamiliares también en el medio rural, a diferencia del plan anterior que solo incluía proyectos de rehabilitación de edificios de ocho o más viviendas, que solo se encuentran en el medio urbano.
Finalmente, la Consejería está ultimando la convocatoria de las ayudas a los jóvenes menores de 35 años para la compra de vivienda en municipios de 5.000 habitantes, una línea que pretende fomentar el asentamiento joven en nuestros pueblos, ayudas que vienen a completar las del alquiler incluidas en la última convocatoria para jóvenes y mayores de 65 años, que prevén el pago del 50 % de la renta anual, frente al 40 % del año anterior.
El apoyo decidido a las personas y familias de rentas más bajas ha sido el principio fundamental de la política de vivienda que ha desarrollado la Junta de Castilla y León, que se ha materializado en un aumento del presupuesto anual destinado a las ayudas al alquiler, que ha pasado de 2,9 millones de euros en 2015 a 15,3 millones de este año.
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