SALAMANCA, 26 (EUROPA PRESS)
La Diputación de Salamanca ofrecerá a los ayuntamientos de la provincia una versión «más sencilla» de su plan antifraude, que pide la normativa europea, para la captación de los fondos derivados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Asimismo, «abrirá a los ayuntamientos» que sus técnicos puedan participar en sesiones formativas telemáticas, así como la posibilidad de «analizar casos puntuales» cuando «lo requieran», para que puedan hacer frente a los procesos abiertos en torno a estas ayudas.
Este «compromiso» así lo ha dado a conocer el vicepresidente primero de la Diputación y portavoz del Grupo Popular, Carlos García Sierra, durante su intervención este miércoles en el pleno celebrado en el Palacio de Congresos de Salamanca, en la sesión ordinaria del mes de enero.
En cuanto al informe-propuesta de aprobación del plan antifraude de la Diputación de Salamanca en relación con los fondos europeos ha sido aprobado por unanimidad, con el apoyo de todos los grupos, en el pleno.
En la sesión, ya en el apartado de parte de control, los asistentes presencial y telemáticamente han votado las distintas mociones presentadas, como la presentada por el Grupo Popular para pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el «cese inmediato» del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que ha sido aprobada, al igual que otra debatida al mismo tiempo del Grupo Ciudadanos, sobre el mismo tema de las declaraciones de Garzón, en la que se solicita «la defensa del sector agroganadero y la industria cárnica y la reprobación del ministro Garzón».
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
Tras estas dos proposiciones aprobadas, ha presentado el Grupo Socialista, a través de su portavoz, Fernando Rubio, una moción para pedir «la creación de una comisión especial de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular de Salamanca y la utilización de la Diputación Provincial y sus recursos en dicha trama».
Sobre ella, el texto ha sido rechazado con los votos en contra del PP y del diputado no adscrito por ser «un juicio paralelo» y con fines «políticos» en la campaña, según el portavoz popular, y por llegar «tarde y a destiempo» y con «utilización política», según el responsable no adscrito, José Francisco Bautista, quien ha insitido en dejar a la Justicia que «haga lo que tenga que hacer».
En cuanto al diputado de Ciudadanos, Jesús de San Antonio, ha mostrado su apoyo a la creación de la comisión especial por su defensa de la «transparencia», a lo que ha seguido la intervención del socialista Fernando Rubio, quien ha insistido en que la iniciativa trataría, no ha sido aprobada, de «defender el buen nombre de la institución» y «el prestigio robado» por el «uso partidista de la institución».
Después, antes de terminar el pleno, por la vía de «moción de urgencia», el portavoz socialista, Fernando Rubio, ha pedido la palabra de nuevo para pedir por «transparencia e higiene democrática» la dimisión del presidente de la Diputación, Javier Iglesias, un texto que no ha sido incluido en el orden del día al ser rechazada esa condición por parte del Grupo Popular.
SUBVENCIONES
Tampoco ha salido adelante, antes del turno de ruegos y preguntas, una proposición conjunta presentada por el Grupo de Ciudadanos y del diputado no adscrito para «un reparto justo de las subvenciones nominativas».
Este texto no ha salido adelante por la abstención del PSOE y por el voto en contra de los integrantes del PP, con las palabras del popular Antonio Luis Sánchez, quien ha manifestado que llega «sin aportar nada nuevo» al debate sobre este asunto ya tratado en el debate de presupuestos y ha destacado el carácter «extraordinario» de estas ayudas para atender «situaciones concretas y determinadas que concurren en municipios» y que «no se repiten» en las localidades beneficiarias.
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