VALLADOLID, 22 (EUROPA PRESS)
El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha dado el visto bueno este miércoles a una proposición no de ley (PNL) defendida por UPL para instar al Gobierno de la nación a suprimir el peaje de la AP-66 entre León y Asturias ante la «ilegalidad» de la prórroga de la última concesión que ha comunicado la Comisión Europea y «buscando la fórmula menos lesiva a los intereses del Estado», como ha añadido el PSOE para apoyar esta iniciativa en sintonía con la misma frase de una PNL similar aprobada en septiembre de 2021.
Según ha explicado el procurador proponente, Luis Mariano Santos, el «marchamo de novedad y de actualidad» de la PNL debatida hoy radica en el expediente de Bruselas a España por prolongar la concesión de la autopista del Huerna a 2050, una prórroga «arbitraria y perjudicial» que adoptó el Gobierno de José María Aznar en el año 1999, ha rememorado, y por lo que el procurador socialista Diego Moreno ha exigido al PP que «pida perdón».
En el caso del PP, el procurador Antonio Jaime Mendonza ha planteado enmendar el texto para añadir a la supresión del peaje de la AP-66 los del resto de autovías que discurren por Castilla y León, AP-51: Ávila – AP-6; AP-61: Segovia – AP-6; AP-6: Villalba-Adanero y AP-71: León-Astorga, «por ser esta la solución más conveniente para los ciudadanos y empresas de Castilla y León», propuesta que ha sido rechazada por Santos que ha recomendado al PP «trabajar un poco más» y no defender la misma enmienda que presentó en su día «porque las condiciones son diferentes».
«Las propuestas son fáciles de hacer señorías, pero luego hay que ejecutarlas y hacerlas y eso ya no es tan sencillo», ha argumentado también el procurador ‘popular’ que ha tirado de ironía para recordar que no va a ser fácil «viendo el cariño que tiene –el actual ministro de Transportes– a León». «No creo que se le pueda decir nada, ayudar a las comunidades socialistas, sí; ayudar a los independentistas catalanes y gallegos, sí; pero ayudar a los castellanos y leoneses, nunca», ha reprochado el parlamentario del PP.
También ha recordado que la Junta de Castilla y León se ha posicionado «siempre» a favor de la supresión de los peajes o de las tasas por uso de las carreteras tras lo que ha reprochado que el Gobierno de España envió a la Unión Europea en 2021 una propuesta de implementación del pago por uso de las carreteras.
Por su parte, el procurador socialista Diego Moreno ha refrendado la «indudable voluntad» del Gobierno socialista de eliminar los peajes en los que venza la concesión y de estudiar la posibilidad de hacerlo en los casos en que, sin llegar al final de la concesión, la eliminación no suponga un coste excesivo para el Estado.
Moreno ha abogado por ser «cautelosos» al hablar sobre la posible supresión del peaje del Huerna. «Antes de echar las campanas al vuelo tenemos que esperar a conocer qué responsabilidades se derivan de esta irregularidad detectada por la Comisión Europea y si se impone algún tipo de sanción a España», ha aclarado.
El procurador proponente ha reivindicado los «beneficios económicos» y la «seguridad viaria» que supondría la liberalización de esta autopista, a la que ha situado, además, «en el top de las tres más caras de España», y ha criticado la ampliación de la prórroga que concedió el Gobierno de José María Aznar desde el convencimiento de «no había ninguna otra razón que beneficiar a una empresa».
«Podremos debatir y recordar aquí quiénes han sido los responsables de este desaguisado (…) pero la realidad es que mientras PP y PSOE han gobernado este país se han liberalizado muchos peajes», ha relatado el proponente que ha pedido a todos los partidos que vuelvan a realizar un «ejercicio de responsabilidad» en favor de la supresión del peaje de la AP-66 entre León y Asturias.
Por parte del Grupo Vox, la procuradora María Luisa Calvo ha abogado por mejorar las infraestructuras de transporte, «abandonadas por los sucesivos gobiernos», ha reprochado, y por mejorar las comunicaciones del territorio «sin que conlleve un gasto adicional para los ciudadanos». A esto ha unido la necesidad de modificar la ley de carreteras que regula las exenciones de peajes en atención a razones de interés público o utilidad social.
Finalmente, por parte del Grupo Mixto, su portavoz, el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha recordado que su partido lleva años «dando la batalla» para la supresión del peaje de la AP-66. «Ha tenido que venir la Unión Europea a darnos la razón, se les tendría que caer a ustedes –el PP– la cara de vergüenza por una decisión que es ilegal», ha zanjado Fernández.
Y el procurador por Valladolid Francisco Igea ha refrendado la petición «bastante razonable» de UPL, entre otras cosas, ha constatado, porque «se ajusta a derecho». Igea ha destacado la «suerte» de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, sea de Castilla y León para que haga realidad el mandato de la Unión Europea «si es que encuentra un hueco entre vídeo y vídeo», ha ironizado.
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