Para cada uno de los tres acusados la Fiscalía pide 40 años por los delitos de asesinato y asesinato en tentativa y una indemnización conjunta de casi 350.000 euros
TOLEDO, 15 (EUROPA PRESS)
El próximo lunes 20 de junio un jurado popular juzgará en Toledo a una pareja –L.C.M. y M.C.M.V– acusada de asesinato por contratar a un tercero –R.R.A– que acabó con la vida de una trabajadora de ambos –M.M.A– Las Ventas de Retamosa (Toledo), a raíz ser expulsados del municipio por acuerdo de los patriarcas de la zona a causa de las quejas de la víctima por desavenencias y amenazas del matrimonio.
El fiscal pide una pena de 40 años de cárcel por los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa para R.R.A, en concepto de autor material de los hechos y también para L.C.M. y M.C.M.V. en concepto de inductores y cooperadores necesarios.
La fallecida, vivía con su hijos menores D.B.M. y S.B.M, los cuales dependían económicamente de ella. En el mismo domicilio conviva con su pareja sentimental A.E.B y la víctima mantenía una relación diaria con su madre M.A.F.
La indemnización total que deben abonar los tres acusados conjunta y solidariamente, a petición del Ministerio Público, asciende a casi 350.000 euros: 100.000 para una de las hijas de la víctima, 147.000 euros para el segundo hijo que presenció los hechos, 50.000 para su pareja y otros 50.000 para su madre.
Tal y como refleja el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, recogido por Europa Press, los acusados L.C.M. (conocido como ‘El Vacas’) y su esposa, M.C.M.V, junto a las víctima M.M.A y su hijo D.B.M. y su familia, vivían en Las Ventas de Retamosa.
Todos ellos se conocían con motivo de haber trabajado M.M.A. para ellos, primero cuidando al padre de L.C.M. y posteriormente como empleada de hogar para la familia C.M .Fue ahí cuando comenzaron las desavenencias entre ambas partes, motivadas tanto por determinadas conductas extramatrimoniales de M.C.M.V. presenciadas por M.M.A., como por el comportamiento amenazador de L.C.M. al no quererle revelar lo anterior M.M.A. y acusarla de haberse apropiado de 30.000 euros que los acusados tenían escondidos en su domicilio.
El matrimonio conminaba con causarle algún mal a M.M.A. y a su familia. De hecho, L.C.M. tenía una pistola que le exhibía a la vez que la amenazaba, lo que causó temor a la víctima e impedía que los denunciase.
Como consecuencia de las quejas de M.M.A., la pareja fue expulsada del pueblo –destierro que acordaron los patriarcas de la zona por el comportamiento del matrimonio en la localidad en aplicación de los usos y costumbres mercheras– y de lo que responsabilizaron a M.M.A. El día de la expulsión fue llamada M.M.A., la cual asistió en compañía de su hija S.B.M., y en ese momento el matrimonio la amenazó con matarla a ella y a sus hijos.
CONTRATARON A UN TERCERO A CAMBIO DE DINERO
Los acusados , en compañía de sus cuatro hijos, se marcharon a residir, temporalmente, a Badalona (Barcelona), dándose la circunstancia de que M.C.M.V. tenía una hermana (M.P.M.V.) residiendo en la localidad de San Adría de Besos, localidad donde pasó su infancia el acusado R.R.A. y a escasos 12 kilómetros de la localidad de Moncada y Reixach, y con el que les fue fácil contactar al moverse ambas partes por los mismos ambientes de delincuencia.
Antes del día 4 de mayo de 2018 la pareja contrató los servicios de R.R.A., para que a cambio de una cantidad de dinero acabara con la vida de M.M.A. y de su hijo, a los cuales no conocía.
Los acusados R.R.A. y L.C.M. antes del día 4 de mayo de 2018, se desplazaron desde la localidad de Barcelona hasta la localidad madrileña de Torrejón de la Calzada. R.R.A. se dirigió a las Ventas de Retamosa, interceptó el vehículo de la víctima, que viajaba con su hijo menor D.B.M.
Una vez logró que esta detuviera la marcha, empuñando la pistola de calibre 7,65 milímetros, efectuó siete disparos por el cristal de la ventanilla del lado del conductor, sin posibilidad de reacción de defensa por parte de la misma ante un ataque inesperado y sorpresivo, lo que provocó su fallecimiento, aceptando de igual modo la posibilidad de que alguno de los disparos alcanzase al menor D.B.M., pudiendo causarle la muerte.
El fiscal señala además que los acusados no padecían ninguna patología ni afección que les impidiera conocer el alcance de sus actos. A R.R.A se le juzga además por un delito de tenencia ilícita de armas, otro de robo con fuerza y otro de robo.
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