ALBACETE, 05 (EUROPA PRESS)
Comisiones Obreras exige priorizar la salud mental del personal docente y laboral que trabaja en centros educativos y valorar la labor que estos desempeñan, para contribuir a reducir los problemas de ansiedad y depresión que en España afectan a dos de cada tres profesionales.
Peticiones que llevan realizando desde, dicen, más de una década y que reiteran tras los datos recabados en el barómetro sobre salud y bienestar del personal docente realizado por la Internacional de la Educación, y que en España ha llevado a cabo CCOO.
La encuesta se ha realizado en 13 países y han participado un total de 26.281 personas, de las que el 90 por ciento eran personal docente y el 10 por ciento restante personal laboral. Según la información recogida, el 40 por ciento de los profesionales del sector de la Educación en España reconocen padecer problemas de ansiedad o depresión derivados del trabajo.
Del mismo lado, el 65 por ciento considera que es una profesión «muy estresante» y el 73 por ciento lamenta no tener posibilidad de desarrollar una carrera profesional más allá de las aulas.
No obstante, el 70 por ciento de los encuestados volvería a decantarse por la profesión docente, es decir, pese a los datos negativos, siete de cada diez encuestados seguiría siendo profesor.
«Son personas a las que les gusta su trabajo, pero les genera problemas de ansiedad y depresión», ha denunciado el secretario estatal de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO Enseñanza, Rafael Páez, durante una rueda de prensa en la sede del sindicato en Albacete.
Ante esta situación, desde Comisiones piden «actuar de manera urgente». «Todos los trabajadores de enseñanza sufren por su trabajo», ha incidido Páez, criticando la «infradotación de recursos» a nivel de salud mental.
PIDEN MÁS PSICÓLOGOS EN SANIDAD Y EDUCACIÓN
«El número de psicólogos en España es de 5 profesionales por cada 100.000 habitantes, cuando la recomendación europea es de 17 psicólogos por cada 100.000, por lo que la posibilidad de atender a pacientes es ínfima», ha señalado.
En este sentido, ha pedido una mayor dotación de estos profesionales en el sistema público de salud, así como en los centros educativos.
También demandan aumentar la plantilla de docentes, reducir las ratios, incrementar los recursos a nivel de orientación y atención al alumnado, poner en marcha protocolos para prevenir los casos de acoso e impulsar los comités de seguridad y salud en los centros educativos.
Igualmente, dado que el 84 por ciento de los encuestados afirma que la profesión docente está infravalorada a nivel social, desde CCOO piden a las administraciones hacer una labor de pedagogía para fomentar la importancia del sector.
«Está comprobado que en aquellos países con mejores datos de valoración del profesorado, se registran menos riesgos de tipo psicosociales y problemas de salud mental.
Es por ejemplo el caso de Japón, los profesores tienen un gran reconocimiento social y eso deriva en que su salud mental es mejor que la nuestra», ha asegurado Páez. En este punto, ha criticado el discurso de aquellos políticos que «ridiculizan o ponen en duda la labor docente».
«Cuando las familias ven a la presidenta de una comunidad poniendo en duda el trabajo de los profesores, pueden llegar a pensar que estos profesionales no son los adecuados para educar a sus hijos», ha añadido.
REDUCIR RATIOS Y CARGA LECTIVA
Por su parte, la secretaria regional de Salud Laboral de CCOO Enseñanza, Carmen Iniesta, ha hablado sobre la necesidad de aumentar la financiación del sector, así como de reducir las ratios y la carga de trabajo.
«El personal docente necesita reducir su carga lectiva para poder preparar sus clases dentro de un horario razonable», ha dicho. Horario que debe ir ligado de la desconexión digital.
«Si no hay desconexión digital, las jornadas se alargan», apuntan. Para finalizar, la secretaria regional de la Federación de CCOO Enseñanza, Ana María Delgado, ha incidido una vez más en la importancia de que «las administraciones prioricen la salud mental y el bienestar del personal docente y laboral a través de políticas educativas, se necesita una mayor investigación y recopilación de datos sobre este tema y es imprescindible la participación activa de la comunidad educativa para el desarrollo de protocolos».
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