CUENCA, 27 (EUROPA PRESS)
El pleno ordinario del mes de marzo de la Diputación Provincial de Cuenca ha aprobado por unanimidad la aceptación de la delegación para la recaudación, gestión e inspección de los impuestos locales de los municipios de Torrejoncillo del Rey y Valverde de Júcar.
Del mismo modo, con los votos favorables de los dos grupos políticos se aprobaban el resto de puntos de la parte dispositiva en los que se incluía la aceptación de la delegación para hacerse cargo la Institución Provincial del cobro de los ingresos de derecho público de la Comunidad de Regantes ‘La Noria’ de Villalba de la Sierra y la Comunidad de Regantes de Mira, así como la aprobación de sendos convenios reguladores, ha informado la Diputación en nota de prensa.
Por otra parte, el pleno ha rechazado la urgencia de las dos mociones presentadas por el Grupo Popular, por lo que los ‘populares’ han lamentado que el equipo de Gobierno de la Diputación «se niegue reiteradamente en firmar con la Junta de Comunidades un convenio para la mejora de caminos rurales».
En el pleno, el PP ha pedñía que la Institución provincial destinase de sus fondos propios cico millones de euros para la mejora de estas infraestructuras provinciales, y que reclamase al Gobierno regional cinco millones más.
El portavoz ‘popular’, Cayetano Solana, ha insistido en la importancia de estas infraestructuras para los municipios. «Debe considerarse el aumento de la necesidad de inversión en la red de caminos rurales dados los fenómenos meteorológicos recientes como las nevadas y las tormentas que afectan de forma severa a su conservación».
«De hecho, se trata de una de las demandas más priorizadas y necesarias por la mayoría de las corporaciones municipales de la provincia, conscientes tanto de su deterioro como de su papel determinante para sectores clave de la economía provincial», ha subrayado.
ELIMINACIÓN DEL CANON DEL AGUA
El Grupo Popular ha presentado también otra moción en la que ha solicitado a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha que lleven a cabo cuantas medidas sean oportunas para proceder a la derogación definitiva del canon medioambiental (DMA) vía las correspondientes iniciativas legislativas.
Además, pedía a la Junta la retirada del proyecto de Ley de Acompañamiento a la ley de Presupuestos Generales para 2024 de todos aquellos preceptos que restablecen o imponen de nuevo el canon medioambiental.
«No puede sostenerse que el nuevo impuesto pretenda recuperar costes de los servicios relacionados con el agua. Pretende pura y simplemente aumentar la carga fiscal sobre los castellano-manchegos, no sólo incrementando el tipo de gravamen de los cánones existentes, sino creando un nuevo impuesto que se cobrará indiscriminadamente», han lamentado.
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