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La oficialidad se implementaría en etapas a lo largo de dos legislaturas y representaría el 0,4% del presupuesto

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OVIEDO, 25 (EUROPA PRESS)

La declaración de la oficialidad del asturiano y del gallego-asturiano no sería un proceso de aplicación inmediato, sino que se realizaría con un «ritmo socialmente asumible» a lo largo de dos legislaturas. Un total de ocho años para poner en prácticas unas medidas que supondrían el 0,4% del total del actual presupuesto autonómico.

Así se recoge en el informe ‘La lengua asturiana en una perspectiva de oficialidad’, que el presidente de la Academia de la Llingua Asturiana, Xosé Antón González Riaño, entregó a los grupos parlamentarios este jueves en la reunión en Presidencia y que los partidos de izquierdas han asumido como base para desarrollar la ‘oficialidad a la asturiana’ o ‘oficialidad amable’ defendida por el presidente Adrián Barbón.

Se trata, según el informe al que ha tenido acceso Europa Press, de una «oficialidad razonable, operativa y eficiente que establezca una verdadera libertad lingüística y, paralelamente, ofrezca una oportunidad para la conservación del asturiano como lengua de cultura en el Principado». Un «modelo realista, económicamente viable y adaptado a una comunidad con particularidades bien definidas y que, desde luego, no supone ninguna fractura traumática con respecto a las medidas de protección seguidas hasta hoy».

Para ello, una vez que la Junta General y el Congreso de los Diputados aprueben la reforma del Estatuto de Autonomía donde se recoge la oficialidad del asturiano y del gallego-asturiano, este modelo se concretaría a través de una ley de normalización elaborada en el Parlamento regional en un plazo máximo de no más de dos años.

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El documento recoge que ese futuro modelo de ‘oficialidad a la asturiana’ tendría que ser por fases debido a «cuestiones operativas y sociológicas» y de cara a formar al profesorado necesario para generalizar la enseñanza o reciclar a los profesionales de RTPA que puedan poner en marcha contenidos en asturiano. El objetivos sería, según se indica, que castellano y asturiano reciban progresivamente un trato igualitario al 50% en TPA, mientras que la RPA sería mayoritariamente en asturiano.

PRIMERAS MEDIDAS DESPUÉS DE LA DECLARACIÓN DE OFICIALIDAD

El desarrollo de la oficialidad se plantearía como objetivo a alcanzar en la legislatura siguiente a la aprobación del Estatuto con una puesta en marcha «práctica, flexible y tranquila» para que cuente con aceptación social y se puedan ir evaluando los resultados.

Con todo, una de las primeras medidas a tomar después de su aprobación sería la creación de una Secretaria General de Política Llingüística dependiente de la Presidencia del Principado para que las medidas de normalización del asturiano tengan «un carácter transversal» para toda la administración.

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De esta entidad dependería también una oficina específica para el Navia-Eo, para todo lo que tenga que ver con la dignificación del gallego-asturiano. A la vez, el Instituto Adolfo Posada pondría en marcha cursos para los funcionarios que libremente quieran recibir formación en asturiano.

Vendría después la puesta en práctica de las primeras medidas de oficialización en la legislatura correspondiente, con un uso generalizado de la toponimia asturiana tanto por la administración autonómica como por la central y con medidas de promoción de ámbito local desarrolladas por los Ayuntamientos en colaboración con el Principado.

Con todo, las principales medidas afectarían al Ejecutivo autonómico e implicarían la edición bilingüe del BOPA o que las webs del Principado estén en asturiano, castellano e inglés –con «estructuras básicas» también en gallego-asturiano–. La rotulación externa e interna de las Consejerías y de la Junta General o toda la publicad institucional también sería bilingüe, aunque priorizando siempre la visibilidad del asturiano y, en su ámbito, del gallego-asturiano.

Por otro lado, la normativa establecería de una manera clara la validez de todas las interacciones que los ciudadanos realicen con la administración, tanto autonómica como central, algo que ya se recoge en la actual Ley de Uso pero que ha venido generando problemas por la falta de oficialidad.

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A las medidas que ya se desarrollan actualmente de apoyo a la literatura, la música o el teatro, se sumaría el apoyo económico y logístico para favorecer la aparición de empresas relacionadas con las TIC y crear, al amparo del uso de la lengua asturiana, una industria discográfica y audiovisual «tomando el conocimiento de experiencias con éxito en otras comunidades como Galicia».

El documento recuerda que el coste económico de la oficialidad, «lejos de la exageración sin límites de situarlo en más de 100 millones de euros anuales de inversión», es «perfectamente asumible» ya que su puesta en práctica a rendimiento total supondría el 0.4 % del actual presupuesto del Asturias.

Es decir, alrededor de 25 millones de euros –18 de ellos derivados de la generalización de la enseñanza en los niveles no universitarios y otros 7 dirigidos a la dignificación social del idioma–. Unos fondos de los que también tendrían que hacerse cargo el Estado, como pasa actualmente con el resto de lenguas oficiales, y que según recoge el documento revertirían en la sociedad asturiana con la creación de nuevas empresas turísticas y relacionadas con la industria cultural que permitirían la difusión de la marca ‘Asturies’ a semejanza de lo ocurrido en Galicia.


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