Acto de inauguración de la XIX edición de la Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López Lito
La actualidad, en este caso la trágica actualidad, impone que mis primeras palabras en este acto sean de condolencia. En nombre del Gobierno del Principado, transmito mi pésame a los familiares de las víctimas y a los heridos del accidente de autobús de Avilés y de nuevo reitero el ofrecimiento del Ejecutivo para ayudarles en todo lo que sea posible. La jornada de luto oficial de hoy es la expresión institucional del pesar y de la solidaridad del Gobierno y, a buen seguro, de toda la sociedad asturiana, conmocionada por el siniestro. Permitidme ahora que, hecha esta referencia, atienda vuestra invitación. Dado que esta escuela de verano lleva por título El papel de las instituciones, la primera tentación es responder a la pregunta tan reiterada en los últimos años sobre los mecanismos que provocan la decadencia y el debilitamiento de las instituciones públicas. Sin embargo, entiendo que lo que aquí se plantea es otro interrogante: cómo pueden contribuir tales instituciones a la estabilidad macroeconómica, el crecimiento, la redistribución y la democracia, que son, a mi juicio, los cuatro desafíos a los que se enfrenta la sociedad española. Perdonen que no me entretenga con más preámbulos. Los asuntos citados exigen algo de tiempo y no quiero extenderme demasiado. Empiezo con la estabilidad. Conviene precisar que la estabilidad cuenta con dos dimensiones y que una de ellas corresponde a las autoridades europeas. Me refiero, naturalmente, al papel que, desde la entrada en vigor del euro, tienen atribuido en la gestión y el control de la demanda agregada de la economía en la eurozona. Recordemos a este propósito que las autoridades comunitarias tienen en sus manos los dos instrumentos esenciales de regulación: la política monetaria y la política fiscal. En cuanto a la primera, el compromiso de Mario Draghi de “hacer todo lo necesario”, aquellas palabras mágicas, confirma la voluntad del BCE de cumplir con esa responsabilidad recurriendo tanto los mecanismos convencionales (tipos de interés) como los no convencionales (inyección directa de liquidez mediante la compra de bonos públicos y privados). Bien está esa voluntad de Draghi, pero hay una pregunta pertinente, una pregunta que debemos hacernos: ¿puede estabilizar la demanda agregada exclusivamente el BCE? La respuesta es no. Cuando la política monetaria apura sus límites y suben los tipos de interés en Estados Unidos la existencia de una política fiscal en el área euro se revela aún más necesaria. Así que si se me pregunta cuál es el papel que todavía no cumplen las instituciones europeas en relación a la estabilidad macroeconómica, tengo que citar necesariamente una lista de carencias. Sin una hacienda europea capaz de hacer una política fiscal anticíclica, sin un presupuesto común anticrisis, sin un ministro europeo de economía, sin un seguro europeo de desempleo, sin un tesoro europeo y sin una mutualización de riesgos el euro continuará siendo un proyecto inacabado y la estabilidad no estará garantizada. Soy consciente de que hay posiciones políticas que no la consideran una cuestión prioritaria ni siquiera importante; sin embargo, creo que tiene un extraordinario valor social. Es fácil constatarlo. Las recesiones, con su secuela de desempleo y caída de ingresos, aumentan la desigualdad de renta y riqueza, y este problema es más agudo en un país, el nuestro, en el que el ciclo económico se ha demostrado más intenso y más volátil. La dimensión de la última crisis no debe hacernos olvidar que en la fase alcista del ciclo económico siempre tenemos más paro y en las depresiones más destrucción de empleo que en otros países. En España los salarios reales bajan más, la productividad sube menos y hay mayor discriminación entre colectivos. Por eso nuestra agenda de estabilidad tiene que cubrir un doble frente, el de los ingresos y el de los gastos. Subrayo que tradicionalmente el déficit público español ha sido más el resultado de la insuficiencia de ingresos que del exceso de gastos: en la perspectiva comparada europea, España no tiene un mayor gasto público en relación al PIB, pero sí un menor ingreso fiscal. Fijémonos en el momento actual. Estamos en la cumbre del proceso alcista del ciclo, llevamos más de un lustro de crecimiento y aún persiste un déficit público próximo al 3% del PIB que no tenemos más remedio que calificar de estructural. Se trata de una cuestión crucial, porque un déficit como el que arrastramos no nos permitirá a medio plazo ni pagar los servicios del Estado ni garantizar la cohesión social ni asegurar una gobernabilidad efectiva y una recuperación sostenible y real. Cierto que más de la mitad del déficit es atribuible al sistema de pensiones. Aprovecho para hacer una primera incursión en este asunto, capital para el Estado de bienestar. Conviene recordar que en los países de nuestro entorno o bien se actualizan las pensiones con arreglo al IPC o bien conforme a la evolución del PIB o de los salarios, y estas dos variables, que incorporan un componente de precios, no se limitan a mantener el poder adquisitivo (que se da por supuesto), sino que hacen partícipes a los pensionistas de la bonanza de la economía cuando esta se produce. Añado una afirmación que a primera vista puede resultar heterodoxa. La amenaza para las pensiones, las presentes y las futuras, depende menos de la pirámide poblacional y de la esperanza de vida que de aplicar una adecuada política económica y social. Pensemos ahora en las pensiones presentes: tenemos la misma riqueza que antes de la crisis, pero los salarios participan menos de ella, y ese empeoramiento de la distribución de la renta para los trabajadores en forma de sueldos y cotizaciones es el mayor responsable del déficit sistema de pensiones. Por eso la mejora de los mercados de trabajo y el aumento de las remuneraciones es la mejor receta para equilibrar hoy (luego me referiré a las pensiones futuras) las cuentas de la Seguridad Social. Hasta ahora he hablado de estabilidad. Voy con el segundo punto. El crecimiento es otro de los objetivos a los que deben contribuir las instituciones, según señalaba al inicio de esa intervención, y las vías para lograrlo no son otras que el aumento del empleo y de la productividad. ¿Es posible diseñar una estrategia de política económica capaz de impulsar a la vez ambos propósitos? La respuesta es sí, siempre que no olvidemos que hay distintos tipos de empresas. Por un lado, las que están protagonizando la mayor transformación estructural de la economía española. Son compañías industriales de elevado componente tecnológico, ingenierías que ofrecen servicios de alto valor añadido, sociedades dedicadas a las finanzas, la gestión de infraestructuras, la consultoría o la investigación. Son empresas que lideran la pulsión exportadora y la internacionalización, que se preocupan de aumentar su tamaño, de mejorar su modelo de gestión, de formar a sus trabajadores y de crear un clima laboral basado en la confianza y la cooperación. Pero junto a ellas existen otras con un fuerte potencial de empleo de capacitación media y baja y que, al margen de que operen en la industria manufacturera o en los servicios, tienen la posibilidad de elevar la productividad de los trabajadores. Para conseguirlo resulta vital tener claro que el ajuste entre las habilidades que proporciona el sistema educativo y la necesidad de perfiles profesionales de las empresas no puede resolverlo el sistema educativo por sí solo. Necesita la implicación efectiva del mundo empresarial, porque la FP dual (y ella me estoy refiriendo) solo funciona cuando es realmente dual, es decir cuando las empresas están involucradas de forma intensa y directa. He diferenciado dos modelos de empresas diferentes, pero España no puede caer en el error de identificar sectores de actividad buenos (manufacturas y sectores avanzados) y malos (construcción, turismo y servicios) cuando el objetivo prioritario es mantener la capacidad de generación de empleo para dar oportunidades a las personas que están en paro de larga duración. Y, del mismo modo, tampoco podemos pretender colocarnos a la cabeza en procesos de cambio tecnológico como el que conlleva la lucha contra el cambio climático en un sector crucial como es el energético. Se trata de poner en marcha soluciones cooperativas en un asunto en el que las causas son locales, pero los efectos son globales. En este caso, llegar el primero en solitario y escapado del pelotón no sólo sería muy esforzado, sino que tendría más castigo que premio y, para colmo, resultaría inútil. La afectación climática es universal y exige el acuerdo, pero ni se han obligado por igual todos los Estados en un consenso ecológico ni debemos olvidar que diseñar escenarios energéticos fiables nunca ha sido fácil. Mantener el equilibrio entre la seguridad de suministro, el precio asequible y la calidad ambiental exige un registro temporal adecuado en el que se articule el medio y largo plazo. La base para una política sostenible pasa entre otras cosas por disminuir la intensidad energética, apostar por los vehículos híbridos o eléctricos y mejorar los procesos de eficiencia energética en la industria. Es decir se trataría de gestionar prudentemente la demanda más que de incrementar generosamente la oferta, aunque debamos ser conscientes de que lo que se propone es una utopía austera y que resulta muy difícil vender austeridad energética en el mercado electoral. Por esas razones sostengo que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética no debe definir una senda de descarbonización que fuerce una nueva reconversión en nuestra comunidad autónoma. Y no sólo porque suponga el fin de las centrales térmicas de carbón entre 2020 y 2025 con el empleo y la logística a ellas asociado, sino porque afectaría al precio de la electricidad y, por tanto, a la viabilidad futura de la industria española y, de manera aún más dura, a la industria asturiana. Ustedes han propuesto que conferencie sobre el papel de las instituciones. Me permito preguntarles ahora: ¿cuál creen que debe ser el papel de las instituciones autonómicas frente a esos riesgos que acabo de citar? ¿Cuál el del Gobierno, cuál el de los partidos, cuál el de los sindicatos y los empresarios? No les pido que contesten en público; les ruego que reflexionen sobre qué es mejor para defender el futuro industrial –y, por ende, laboral y económico- de Asturias y qué tarea le corresponde a cada actor institucional, político y social. Sigo con la exposición. La transición energética es un fenómeno muy dependiente de desarrollos tecnológicos, algunos en fase de investigación o maduración. Recordemos lo que ha sucedido con la energía solar, con las centrales termosolares por un lado y los avances fotovoltaicos por otro. Fiar todo a la aparición de nuevas tecnologías de generación o de acumulación de electricidad sería disparar una bala de plata que, si fallase, no habría manera de mitigar el daño al sector eléctrico en particular y a la economía española en general. El calentamiento global ha desarrollado un hasta ahora inexistente sentido de la responsabilidad ante el futuro, pero el futuro incluye no sólo los beneficios globales a largo plazo, sino también los costes locales inmediatos, y un país socialmente responsable debe contribuir a la lucha contra el cambio climático consciente del fenómeno de la fuga de carbono que reduce el beneficio ambiental y lleva a las empresas a deslocalizar su producción hacia otra parte del mundo donde resulta más barato contaminar. En todo caso, quiero reiterar que en un sector regulado como el eléctrico no parece sensato que las empresas tengan libertad de decisión para proceder al cierre de instalaciones de generación. Es al gobierno al que le corresponde decidirlo como regulador, porque al tratarse de un sector de interés económico general en el que existen compañías con poder de mercado no deben ser ellas mismas las que interpreten el interés general, y menos aún las que regulen el sector a través del gobierno. Al menos a oídos de la izquierda no deberían resultar extrañas ni molestas estas palabras. ¿Por qué la izquierda se podría escandalizar de que en un sector regulado y de importancia capital para el funcionamiento del país defienda la capacidad de intervención del gobierno? Está claro que con el cambio climático, como con los transgénicos o las pensiones, el futuro ha irrumpido en la política del presente. También de esto quiero hablarles. Antes me refería al sistema de pensiones y su situación actual, pero la unanimidad de los expertos teoriza sobre el futuro y apunta como incontestable la insostenibilidad del sistema de reparto con las actuales proyecciones demográficas. Se amparan en la relación que pronostica entre activos y pasivos y nos advierten, como Churchill, que nunca tantos van a depender de tan pocos. A riesgo de recaer en la heterodoxia, creo que el debate no puede limitarse a ese planteamiento, bastante reduccionista. Aquí también cabe otra pregunta: en ese futuro, ¿una población activa menor puede producir una riqueza mayor? Y la respuesta es afirmativa, porque eso es lo que ha estado ocurriendo siempre a largo plazo con el aumento de la productividad. La cuestión no está tanto en cuántos son los que producen como en cuánto es lo que producen y en cómo va a ser el reparto de lo producido; es decir, al final el meollo está, como siempre, en la voluntad social de realizar o no una política de redistribución intergeneracional. He llegado al tercer punto. Les recuerdo que la distribución era uno de los cuatro objetivos a los que, sostengo, deben contribuir las instituciones públicas; es más, la crisis española es fundamentalmente un problema de distribución. España es el país donde más ha crecido la desigualdad durante la Gran Recesión, y esa desigualdad no procede del aumento de los ingresos de los que se ubican en la parte más alta de la renta, sino de la caída de las retribuciones de los situados más abajo. Si recordamos el elevado endeudamiento de los hogares españoles de baja renta antes de 2008 concluiremos que los gobiernos de España, en vez de enfrentarse a la caída de ingresos a través de la redistribución, optaron por facilitar el endeudamiento hipotecario como fórmula con la que completar los ingresos provenientes de los bajos salarios. Así, el crédito fue el mecanismo que ayudó a mantener el crecimiento durante una década de desigualdad en la distribución de la renta hasta que la crisis lo abortó. ¿Podemos repetirlo? ¿Podemos seguir dando pábulo a la tesis de que redistribución orientada a disminuir la desigualdad perjudica el crecimiento? Esta idea, cuyo fundamento académico partía de que las sociedades no podían ser a la vez más iguales y más eficientes, ha sido el dilema que durante años ha dividido a la derecha de la izquierda. Sin embargo, esta visión de la relación entre eficiencia y equidad ha empezado a cambiar. El crecimiento de la renta per cápita no es más bajo en los países en los que hay más redistribución, sino al revés, y la enseñanza que debe extraerse de esta evidencia es que a la hora de promover el crecimiento es mejor redistribuir que endeudar. Así que estabilidad, crecimiento y redistribución son tareas prioritarias para las instituciones españolas. La pasada recesión confirma esa tesis, pero también corrobora que toda crisis económica mal gestionada se convierte en un problema para las instituciones y, por tanto, para la democracia misma. Así entro en el cuarto y último punto sobre el papel de las instituciones, el que atañe a la calidad de la democracia. Empiezo por advertirles de que la pérdida de confianza en el sistema que reflejan los datos demoscópicos no es consecuencia exclusiva del malestar producido por la corrupción, sino también por las carencias políticas. Lo que va en contra de las instituciones no es sólo la inmoralidad política, sino la mala política. Así que las propuestas de regeneración moral de la vida democrática no son suficientes. La legitimación por eficacia es un factor crucial de credibilidad. No basta con decir, aunque decir sea importantísimo; es imprescindible hacer y, además, hacer bien. Sin buena gestión no hay buena política, y sin buena política la democracia se resiente. No confundamos la política con la magia. El abracadabra para resolver los problemas sólo funciona en los cuentos infantiles. Hacen falta buenas palabras, buenas intenciones y buena gestión. El poder democrático es siempre provisional, limitado y vigilado y sus instituciones son difíciles de organizar y de mantener en buen funcionamiento, así que su historia es una historia de ensayos y correcciones que nunca logra satisfacer a todos. Pero si no había y sigue sin haber otra opción política distinta del Estado de derecho, la democracia parlamentaria y la economía de mercado, tampoco había y sigue sin haber un mecanismo de solidaridad institucional mejor que ese Estado de bienestar adaptado a la cultura política de cada momento y cada sociedad. Y, ciertamente, no es fácil adaptarse al espíritu de nuestro tiempo, marcado por la absoluta falta de mesura del turbocapitalismo dominante y la convivencia de la globalización y el cosmopolitismo con las políticas de identidad más primarias. Vivimos en una sociedad atravesada por múltiples fracturas pero debemos reconocer, y es bueno que lo hagamos, que el mayor desafío que hoy tienen la democracia española y sus instituciones es la amenaza de secesión de Cataluña. La independencia de Cataluña es un asusto sistémico para España y para Europa. Si uno se reclama de izquierdas tiene que empezar por decir que no es nacionalista. Que no es nacionalista catalán, ni birmano, ni español porque aquí y en Birmania el nacionalismo que convierte a los vecinos en desconocidos y a los conciudadanos en extranjeros es una ideología reaccionaria. Y por mucho que nos quieran convencer de su “inevitabilidad” -es decir, o se es nacionalista de los unos o se es nacionalista de los otros- decir izquierda nacionalista es un oxímoron, tanto como decir derecha nacionalista es un pleonasmo. Conviene tener esto claro si no queremos que España se arriesgue a tener, otra vez, una relación patológica con su futuro por apatía, inconsistencia, frivolidad, cobardía o ceguera. Muchas gracias por su atención. Declaro oficialmente inaugurada la XIX Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López Lito.
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