GIJÓN/OVIEDO, 23 (EUROPA PRESS)
El PP de Gijón ha afirmado este viernes que el Ayuntamiento podría tener que devolver el dinero de las multas por velocidad a quienes superen los 30 kilómetros por hora en carriles de sentido único si se consideran «ilegales». «Es una situación injusta que se puede revertir», defiende el líder de los populares gijoneses, Pablo González.
El presidente del PP gijonés y diputado autonómico, Pablo González, ha destacado que «todas ellas pueden ser ilegales en caso de que prospere en los tribunales el recurso interpuesto por el PP a la Ordenanza de Movilidad».
Asimismo, destaca que «si la sala de lo Contencioso- Administrativo admite a trámite nuestro recurso, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias podría tumbar la Ordenanza».
«Ante tal situación, las intenciones del Equipo de gobierno local se verían frustradas y el gobierno Ana González tendría que devolver todas las multas con las que, injustamente, están penalizado a los gijoneses», dice el ‘popular’.
Según González, «aunque la normativa de no sobrepasar los 30 kilómetros hora sea nacional, los ayuntamientos pueden realizar matices a través de ordenanzas municipales, para adaptar la normativa a unas zonas u otras, como ya han realizado en otras ciudades como Málaga».
González ha criticado también «el afán recaudatorio y la persecución del uso del vehículo que el gobierno de coalición está llevando a cabo en Gijón». «Bajo el argumento de buscar una ciudad más sostenible sin presentar ninguna otra alternativa a la de imponer multas, el Gobierno municipal solo ha ocultado su verdadera pretensión de penalizar a los gijoneses que utilizan su propio vehículo», ha señalado.
«En dos años el equipo de gobierno de Ana González ha convertido la movilidad en un instrumento ideológico, muy alejado de los criterios técnicos que deben imperar en la estrategia de movilidad de las ciudades, y dirigido a atacar el modelo de ciudad al que solo ellos se oponen, aunque esto conlleve coartar y limitar la libertad de los gijoneses», dice, concluyendo que el gobierno de coalición de actúa «de espaldas a la ciudad y cerrar todo tipo de consenso y diálogo incluso con las asociaciones que forman el Foro de Movilidad».
Con todo, ha agradecido a Foro «que se sumase a la ofensiva judicial contra un gobierno que persigue a los gijoneses». El gobierno de PSOE-IU ha creado un problema donde no lo había, porque no había un problema de movilidad ni contaminación por tráfico que justifique las limitaciones que impone la ordenanza ni su premura», señala González.
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