ZARAGOZA, 15 (EUROPA PRESS)
El portavoz del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha criticado que las prioridades urbanísticas del Gobierno PP-Cs son acometer obras en la ciudad de «carácter suntuario», que «en nada o muy poco contribuyen al bienestar de los ciudadanos o a resolver sus necesidades reales».
En rueda de prensa, este jueves, Calvo ha valorado las declaraciones del consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, quien ha desechado de manera definitiva la idea de actuar en el entorno de la iglesia de San Ildefonso, en la zona de Zamoray-Pignatelli, ante la negativa de los vecinos: «Entendemos que hay prioridades más importantes que estar tratando las zonas ajardinadas que se encuentran en frente de la fachada de la iglesia, cuando justo detrás tenemos una de las zonas más degradadas de la ciudad».
El concejal de VOX ha manifestado que no comparten la apreciación de los técnicos municipales que señalaban que para recuperar este barrio «hay que actuar de afuera a dentro» ya que «es una opinión que no tiene soporte técnico», ha añadido Calvo, al tiempo que ha considerado que hay que actuar en las zonas «más degradadas, allí donde hay familias viviendo en casas apuntaladas».
«Si hay que actuar en la zona de Zamoray-Pignatelli no nos vamos a poner a actuar en las zonas periféricas sino allí, donde hay mayores problemas», ha apostillado.
Calvo ha recordado la problemática social de esta parte de la capital aragonesa, en donde «intervienen los bajos niveles de renta de la población y su consecuencia, que es el recurso a la delincuencia como única alternativa». Ha continuado diciendo que a ello se suma el problema de ‘okupación’ y la «acumulación de viviendas de alquiler social», lo que hace que «se creen auténticos guetos urbanos».
Ante el «grave problema de la delincuencia», ha demandado «mayor presencia policial, más cámaras y más implicación de los poderespúblicos».
Por su parte, ante este deterioro urbano, ha abogado por «actuaciones de mejora de la escena urbana, expropiación de los inmuebles por parte del Ayuntamiento de aquellos propietarios que desean desprenderse de ellos por precios casi testimoniales, y cambiar la tipología de los inmuebles tratando de diversificar el estatus social del vecindario».
El portavoz municipal también ha criticado que «no se vayan a poder acometer este año algunas de las actuaciones previstas». Es el caso de la regeneración de barrios, la Escuela Infantil de Parque Venecia, rehabilitación de la fábrica de Giesa, el Plan Local de Comercio y Hostelería o la renovación de la red de agua.
Sin embargo, ha matizado, «se han gastado cantidades importantes de dinero que tenían poca o ninguna demanda social, como la reforma de Santa Engracia o la cúpula del parque de La Granja», que «no resuelven ninguna necesidad social».
CAMPING DE ZARAGOZA
Por otro lado, Calvo ha anunciado que el grupo municipal de VOX ha solitado la comparecencia de la vicealcaldesa y consejera municipal de Cultura y Proyección Exterior, Sara Fernández, en la próxima comisión de Cultura del 23 de julio para que «dé cuenta de las actuaciones llevadas a cabo para la solución de la concesión caducada del camping de Zaragoza», así como las previsiones para «compensar los perjuicios ocasionados a la UTE adjudicataria de la citada concesión por la inacción administrativa del área de Cultura y de la sociedad Zaragoza Turismo».
El edil ha contado que el contrato de la concesión del camping finalizó el 28 de febrero de 2020 y, por parte de la concesionaria, se ha comunicado en varias ocasiones al Ayuntamiento el deseo de dar por finalizada la relación contractual sin que, al parecer, haya tenido respuesta por parte del área de Cultura ni de Zaragoza Turismo. «Esto resulta, en principio, censurable», ha valorado.
Pese a que el artículo 288 a de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público obliga a los concesionarios a seguir prestando el servicios hasta que se formalice el nuevo contrato, Calvo ha considerado que «no puede hacerse un uso abusivo de esta prerrogativa». «Tampoco, dilatar una situación que, con una pandemia que afecta especialmente al sector turístico, está perjudicando a una empresa hasta abocarla al concurso de acreedores y a sus empleados al paro», ha expuesto.
Asimismo, ha informado de que por parte del concesionario, se ha presentado una factura de los gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones no cubiertas por los ingresos del camping. Una factura que «debería haberse atendido en base a las condiciones en que se está manteniendo la concesión: con el contrato largamente caducado, contra su voluntad y en condiciones de pandemia».
Por ello, ha apuntado al «derecho del concesionario al reequilibrio económico que le compense por la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados», según se contempla en el artículo 34.4 del Real Decreto Ley 8/2020 del 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
«En todo caso, también se podría solicitar el reequilibrio financiero acudiendo a la legislación general de contratos al estar manteniendo una concesión ya caducada, contra su voluntad y en una situación epidemiológica adversa. Está liberando al Ayuntamiento de la responsabilidad y costes de gestión y mantenimiento de esas instalaciones. Debe entenderse que es un particular quien está manteniendo a su costa una instalación municipal como consecuencia de la inacción abusiva y negligente de la administración, en este caso desarrollada por la vicealcaldesa Sara Fernández», ha argumentado.
Calvo ha señalado que «al parecer» se quieren «imputar al concesionario 400.00 euros de desperfectos detectados en una inspección». Unas deficiencias «derivadas del paso del tiempo que el mismo concesionario, de buena fe, fue indicando a los técnicos del Ayuntamiento». «Es como si el propietario de una vivienda pretendiera que su inquilino hiciera frente a los daños estructurales del edificio del que es dueño», ha comparado.
Ha añadido que «los vicios ocultos podrían comprobarse fácilmente por los técnicos municipales contrastando los planos de la instalación con los equipamientos efectivamente construidos».
Por último, Julio Calvo ha calificado como «sarcasmo» que el Ayuntamiento «gire al cobro el canon concesional por importe de 32.827 euros, que el concesionario ni siquiera ha incluido entre los gastos imputables, por un contrato vencido y que el concesionario no quiere mantener».
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