SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)
En un marco en el el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, apuesta por cerrar el conjunto monumental de la plaza de España, diseñado por el arquitecto Aníbal González para la exposición iberoamericana de 1929; y cobrar una entrada a los turistas, la Asociación en Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) ha reclamado este lunes al Gobierno central, titular de la galería y el edificio de este espacio mientras el Consistorio es dueño de la plaza, que garantice «conservación y vigilancia las 24 horas» en este enclave para descartar su cierre.
El portavoz de Adepa, Joaquín Egea, ha instado así al Gobierno central, que ha mostrado ya su oposición a la propuesta, del mismo modo que los empresarios hoteleros o las agencias de viaje, a «tomar medidas de conservación y vigilancia las 24 horas» en la Plaza de España, que soporta un intenso tráfico turístico y cíclicamente sometida a desperfectos e incluso actos vandálicos; para «no cerrarla, como ha propuesto el alcalde».
En concreto, Sanz ha manifestado, en el marco de su planteamiento, que si el Gobierno aportase una cuantía de unos cinco millones de euros para todo lo relacionado con la conservación y mejora de este emblemático enclave, no haría «falta cobrar la entrada».
Al hilo, Egea ha manifestado que si el Estado garantiza «conservación y vigilancia las 24 horas» en la Plaza de España, «se zanjaría la polémica del vallado del espacio», toda vez que ya este pasado domingo, el portavoz de Adepa exponía que este enclave requiere de manera «imprescindible» de una conservación para la que «no hay excusas».
También recordaba, por cierto, que el Ayuntamiento ingresa «cantidades ingentes» por los eventos privados que se realizan en la plaza desde hace años, un dinero que según avisaba debería revertir en la conservación del monumento.
El Ayuntamiento, titular del espacio de la plaza comprendido entre los bancos de las provincias y la balaustrada, planea proponer al Estado un convenio para cerrar por completo este recinto monumental y cobrar a los turistas una entrada de la que estarían exentos los empadronados en Sevilla y los nacidos en la capital y en la provincia estarían.
Los ingresos de taquilla, según la idea del Gobierno local del PP, se repartirían con un 75 por ciento para las arcas municipales y un 25 por ciento para el Estado, propietario de la galería y del edificio, garantizando según asegura el Ayuntamiento el libre acceso ciudadano a las dependencias estatales del complejo, que alberga las sedes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, de la Subdelegación, de los servicios de Extranjería, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) o del Cuartel General Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra.
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