SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)
El ingeniero agrónomo y ejecutivo jefe de la empresa CERES Agroforestal SL –que trabaja con cooperativas y comunidades de regantes de Huelva–, Juan Manuel Ponce, ha señalado durante su intervención ante la Comisión de Fomento del Parlamento andaluz sobre la Proposición de Ley de Regadíos al norte de la Corona Forestal de Doñana, que considera «ridículo» el debate generado sobre la PDL cuando las hectáreas que se legalicen «estarían regadas con agua superficial», señalando además que, esto, «lejos de dañar el acuífero de Doñana, aportaría agua».
En este sentido, el ingeniero agrónomo ha subrayado que «todo esto tiene fácil solución técnica», lamentando que «se lleva al ámbito político generando confrontaciones» y que «al final el que sale perdiendo es el ciudadano y el agricultor».
Ponce ha explicado que conoce a muchas personas que se acogieron entre el año 2004 y el 2014 a las ayudas de Joven Agricultor, «que se fomentaba la incorporación de los jóvenes a la agricultura para asentar la población en el territorio y dar un poco de ayuda con esta iniciativa», unas ayudas «eran de la Junta de Andalucía con fondos europeos, se clasificaban como explotaciones prioritarias y tenía una obligación de seguir cultivando cinco años tras recibirla», con lo cual «todos necesitaban préstamos y avalar con sus viviendas» ya que las ayudas se daba a posteriori.
En este contexto, ha explicado que, «con posterioridad, empezaron las reuniones en los ayuntamientos para informar del Plan de la Corona Norte» para «poner un límite a las transformaciones de regadíos y regularlos para las concesiones de agua y dar garantías jurídicas a toda la zona», pero que «en ningún caso» en las reuniones a las que asistió «se dijo que iba a haber la foto del 2004 y que se iba a tomar el año del 2004» como referencia, por lo que fincas que recibieron la ayuda con la «obligación de cultivar» durante cinco años y que tenían «protección prioritaria se quedaron fuera», algo que ha calificado como «un sin sentido».
Por ello, ha apuntado que «quedó fuera mucha gente» y que cuando los técnicos analizaban los casos veían que «no había nada que hacer mientras no se cambiara la normativa» y ha abogado por un cambio de la normativa «para que esto se pudiera regularizar y solucionar estos casos», toda vez que ha señalado que, a su entender, la Proposición de Ley «trata de corregir esos errores» y que, «según fuentes de la administración trata de resolver entre 350 y 800 hectáreas».
A este respecto, y con ese número de hectáreas, ha señalado que «estaríamos hablando de entre tres, cuatro o cinco hectómetros cúbicos de trasvase», dependiendo de las hectáreas que se legalicen, que es el «agua superficial que se va a necesitar, es decir, va a ser agua de trasvase y no de acuífero».
Al hilo de ello, ha apuntado que esto, «lejos de dañar al acuífero de Doñana va a aportar algo de agua que no había en el acuífero» ya que «la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir reconoce que hay una parte, entre un 8 o 10% de la recarga del acuífero que proviene del regadío», y las explotaciones de Huelva «cuentan con técnicas punteras y con la mayor tecnología del mundo en la producción de la fresa».
Así, Ponce ha subrayado que Huelva «tiene 50.000 hectáreas de regadío aprobadas en sus planes hidrológicos», que «son unos 250 hectómetros cúbicos» y «aquí estamos hablando de cinco, en el peor de los casos», por lo que considera que «es ridículo para la que se está montando cuando va a venir con agua superficial», así como ha señalado que la provincia «tiene 1.500 hectómetros cúbicos en capacidad de embalse, –300 de ellos no se cuentan porque abastecen a Sevilla–, aparte de Bocachanza y el río Guadiana».
Asimismo, ha manifestado que «actualmente hay 40 hectómetros cúbicos de depuradoras que no se están usando» como «la depuradora de Ayamonte, la de Lepe, la que está entre Punta Umbría y Aljaraque, la de Huelva y la de Mazagón». «Si nos vamos a las que están más cerca, tenemos la que está entre Punta Umbría y Aljaraque, que con 15 kilómetros de tubería conectaría al sistema general y ahí hay seis hectómetros cúbicos disponibles, doce hectómetros cúbicos disponibles en la de Huelva y otros seis en la de Mazagón, que está muy cerca del área de Doñana».
En este punto, se ha cuestionado si el trasvase de cinco hectómetros cúbicos «sería el problema de Doñana», exponiendo que «desde hace muchos años el río Guadiamar se desvió para el Guadalquivir, que aportaba 200 hectómetros cúbicos a Doñana». «Era más del 60%, dos tercios del agua que llegaba a Doñana para recuperar esas marismas» y que desde el proyecto Doñana 2005 se han hecho «una serie de mejoras», pero «quedan dos de la más importante» como es «recuperar las funcionalidades del caño del Guadiamar y del brazo de la torre», lo que «daría mucha funcionalidad a Doñana y a las marismas».
SITUACIÓN DE «ALEGALIDAD»
Por su parte, el abogado Especialista en empresas del sector agroalimentario, Javier Domínguez, quien ha señalado que asesora a «muchas empresas» del sector agroalimentario onubense, a comunidades de regantes, a la Plataforma de Regantes del Condado y a ayuntamientos de «distintos signos políticos», ha señalado que la «foto fija» de 2004 provocó «miles de alegaciones» en el periodo de información pública del Plan de la Corona Norte, lo que, a su juicio, «estaría lejos de la realidad del consenso que se ha puesto de manifiesto» con respecto a este plan.
Asimismo, ha explicado que había explotaciones vinculadas a subvenciones para realizar la explotación agrícola y que la administración las conocía porque «llevaban explicitado en el expediente el polígono y parcelas» y que «en 2014 esas explotaciones se encostraron en una situación de alegalidad en la que les impedía, a diferencia del resto de las explotaciones de la comunidad andaluza, acceder o tener la posibilidad de acceder a una concesión de aguas para el riego, que es el principal efecto que tenía el Plan», por lo que «limitaba gravemente la posibilidad de uso de esta finca».
Por ello, considera que la PDL «viene a paliar», en su opinión, «esa grave injusticia» y «ese problema que la misma forma de la norma creó» y «regulará una situación específica que es ajena al suelo forestal» ya que «hablamos de cultivos agrícolas hechos por la acción del hombre» y cree que «necesita una regulación distinta a la forestal». «Esto es el contenido estricto de esta norma» y «el agua u otro tipo de cuestiones son absolutamente ajenas a esta norma».
«NADIE NOS ESTÁ ENGAÑANDO»
De otro lado, Javier Gutiérrez Padilla, miembro de la Junta Directiva de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, ha defendido que se trata de «solucionar una injusticia» con algunos agricultores de la Corona Norte de Doñana, señalando que «todos los grupos políticos han defendido esta realidad de injusticia».
En este sentido, ha destacado que la PDL «no habla de agua» sino que «solamente dice que las tierras serán de regadíos y que se regarán con agua superficial cuando llegue y nunca con agua subterránea», apuntando que «se puede sacar agua para esas hectáreas, ya que solo serían unos cuatro o cinco», toda vez que ha aseverado que «saben que tendrán que esperar» y que «no se podrán plantar esas hectáreas hasta que no llegue ese agua superficial».
«Nadie nos está engañando, lo sabemos, y eso es lo que luchamos desde siempre desde la plataforma» y «la solución es hacer las infraestructuras necesarias para llevar ese agua a Doñana y a sus alrededores», ha concluido.
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