Cooperativas Agroalimentarias, a favor de esta ley y critica el mensaje «desvirtuado» que pone «en riesgo a un sector honesto»
SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)
La organización agraria COAG-A y el sindicato CCOO-A han coincidido este martes en pedir la retirada de la proposición de Ley de ordenación de los regadíos en los municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana y han reclamado que la agricultura sea parte de la solución para el espacio natural y, por tanto, «se vuelva al camino del acuerdo político, institucional y social».
De esta manera, en la comisión parlamentaria de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda para abordar este asunto, el secretario de Organización de COAG-A, Eduardo López, ha solicitado «la suspensión» de la tramitación de la ley y ha propuesto crear «una mesa de diálogo entre las administraciones implicadas que busquen soluciones reales».
López ha asegurado que la agricultura debe ser parte de la solución para Doñana y ha pedido que «no se planifiquen soluciones de regadío pensando en plazos electorales». Por esto, ha reclamado a la Administración del Estado y a la Autonómica que «asuman su responsabilidad y dejen de usar el sector agrario como arma de guerra política y mediática».
Tras poner en duda «la transparencia» en el desarrollo de esta normativa, ha advertido de que el agua superficial solo llegará a estas zonas si se ejecutan obras que son competencia del Estado y que «con toda probabilidad tardarán años en poder usarse».
«Somos partidarios de que todos los recursos disponibles se pongan a disposición, pero que se destinen, primero, a consolidar el regadío existente y a recuperar el estado del acuífero», ha afirmado para apuntar que «no podemos llevar el parque al límite o la agricultura en el entorno de Doñana será inviable para todos».
Frente a esto, ha optado por un modelo sostenible basado en la agricultura familiar profesional de pequeñas explotaciones que mantenga la población en el medio rural y cuidando su entorno. «La ley argumenta que de su aprobación se beneficiará la agricultura familiar, pero lo cierto es que en la superficie que se riega actualmente ya existen desigualdades muy relevantes para el sector agrario», ha avisado.
Al hilo de esto ha explicado que el 2,5% de los concesionarios actuales acaparan el 63% de la superficie y casi el 80% del volumen de agua autorizado y ha advertido de «un modelo de grandes explotaciones, fondos de inversión o capitales extranjeros que invierten en agricultura para obtener rentabilidad a corto plazo sin preocuparse de los recursos ni de la gente».
CCOO-A: «EL PLAN ESPECIAL, UN INSTRUMENTO VÁLIDO»
Por su parte, el secretario de Medio Ambiente y Sostenibilidad de CCOO en Andalucía, Emilio Fernández, ha considerado «innecesaria» esta proposición de Ley y ha solicitado su retirada de la tramitación parlamentaria. De igual manera, ha puesto en valor el Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana, aprobado en el año 2014, como «un instrumento válido».
Según ha explicado, la proposición de Ley plantea una serie de modificaciones legislativas que «desnaturalizan» este Plan Especial, toda vez que, a su juicio, presenta «dudas razonables» sobre el número de explotaciones agrarias afectadas o sobre quienes serían los beneficiarios de ser aprobada.
También ha apuntado el posible riesgo medioambiental del espacio natural, que «ya vive una situación muy delicada», además de «poner en riego innecesario» la excelencia de la marca Doñana y del sector de los frutos rojos onubenses ante los mercados nacionales y también internacionales.
Asimismo, ha apuntado que esta normativa «choca directamente» con la política impulsada por la CHG de «cero nuevos regadíos en su demarcación» y se ha posicionado a favor del desarrollo sostenible del sector agrícola de esta comarca.
«Para Comisiones Obreras de Andalucía es preciso retomar el camino del acuerdo político, institucional y social y para ello entiende que hay que respetar el actual Plan Especial aprobado en el año 2014 y cumplir las medidas aprobadas para garantizar la agricultura sostenible de los frutos rojos en esta zona», ha insistido.
Por último, ha llamado a atender los informes técnicos y científicos elaborados por el CSIC en la Estación Biológica de Doñana, que «alertan de la situación dramática del acuífero que nutre Doñana y que exigen medidas urgentes y drásticas para revertir este deterioro».
COOPERATIVAS: «OFRECE SEGURIDAD JURÍDICA»
En contra de esta posición se ha mostrado el director gerente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, Jaime Martínez Conradi, quien ha abierto con su intervención esta comisión y ha vivido el primer momento tenso entre los grupos parlamentarios por formalidades con la misma.
Martínez Conradi ha mostrado su apoyo sobre la proposición de Ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del entorno de Doñana porque, a su entender, supone «mejorar la ordenación de las zonas agrícolas como susceptibles de ser explotados en régimen de regadío, pero en ningún caso pretende conceder derechos de riego» y ha destacado que se trata de dar «seguridad jurídica» a estas explotaciones a la vez que se «se sigue velando por el patrimonio natural de Doñana».
El director gerente del sector cooperativo andaluz ha destacado que esta proposición de ley «en ningún caso pretende conceder derechos de riego, algo que todo el mundo sabe que corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)», un ente que ha rechazado intervenir en esta comisión de manera presencial aunque sí ha remitido un informe sobre este asunto.
Martínez ha apuntado que esta normativa viene a «mejorar» el plan de ordenación del territorio del ámbito de Doñana y ha manifestado «la convivencia perfecto del espacio natural con la actividad agraria». Así, ha mostrado su «sorpresa» por las voces contrarias a una ley que «facilita la llegada de agua superficial a la zona del Condado» y que «en ningún momento habla de extraer agua del acuífero, sino de descargar la presión que actualmente existe sobre este».
También ha lamentado «profundamente» el mensaje que se está trasladando a la ciudadanía y a las autoridades europeas. «Se está dando un mensaje desvirtuado que pone en riesgo y criminaliza a un sector honesto como el de la fresa y los frutos rojos», ha puntualizado.
Por último, ha pedido «sacar de la agenda electoral» este debate porque, a su juicio, «este choque político está provocando una confrontación innecesaria y totalmente inesperada».
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