SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)
Unos 300 trabajadores de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla se han congregado este miércoles en Sevilla, ante la Delegación Especial de este organismo para reclamar mejoras laborales y salariales. Los profesionales de la AEAT, convocados por CSIF, SIAT, UGT, CCOO Y CIG, han mostrado su rechazo ante «la negativa de la dirección de la entidad estatal a reactivar el acuerdo para la carrera profesional, pendiente de su desarrollo desde 2007, así como la negociación de un nuevo convenio colectivo, que lleva año y medio denunciado».
El portavoz de la Agencia Tributaria en CSIF Andalucía Fran García, que es además responsable nacional de Vigilancia Aduanera en el sindicato, ha explicado durante esta protesta que «la dirección de la AEAT lleva los últimos seis años incumpliendo sistemáticamente el acuerdo de carrera profesional y que se ha dedicado a congelar la negociación colectiva, subiendo sin embargo de manera discrecional las retribuciones de los que más cobran». En este sentido, el responsable sindical ha criticado que «mientras que los altos cargos cobran complementos superiores a los 60.000 euros, el grueso de la plantilla tiene bloqueadas sus retribuciones, su carrera profesional y su convenio colectivo».
La plantilla de la Agencia Tributaria reclama también el desarrollo del teletrabajo y la negociación del servicio de atención telefónica, anunciado por la ministra María Jesús Montero, «que no ha querido negociar las condiciones laborales de este servicio en jornada de mañana». Igualmente, CSIF ha exigido en un comunicado a la dirección de la AEAT que revise la productividad de sus profesionales, ya que «en el reparto se prima al colectivo de inspectores, frente al resto de la plantilla».
Por último, a través de la movilización de este miércoles en Andalucía y en el resto de comunidades donde se ha celebrado, se han reivindicado mejoras de las condiciones laborales para el colectivo de Vigilancia Aduanera, como por ejemplo la catalogación de este destino como profesión de riesgo y el refuerzo de los medios materiales y humanos para desarrollar una verdadera policía fiscal, una necesidad que se ha puesto en evidencia tras los trágicos sucesos ocurridos en Barbate (Cádiz).
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