MELILLA, 8 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla, encargado de la operación derivada del presunto caso de compra de votos por correo, ha puesto en libertad provisional –pendientes de conocer qué cargos se le imputarían– a otras veinte personas detenidas en relación con la presunta comisión de los delitos de fraude en la contratación, prevaricación, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal, al tiempo que el número de investigados aumenta a día de hoy a 33.
Según ha informado este viernes a Europa Press un portavoz judicial, todos estos últimos detenidos son ciudadanos que no han desempeñado responsabilidades públicas en el gobierno de la Ciudad Autónoma, entre ellos empresarios, contratistas y mediadores.
Con las últimas detenciones, que se vienen realizando desde el martes por orden de la jueza que lleva el caso y que incluyen al expresidente de Melilla Mustafa Aberchán y cinco consejeros del anterior gobierno melillense la pasada legislatura, «esta última fase del caso acumula por el momento un total de 33 investigados».
El Juzgado de Instrucción ha tomado declaración a catorce de los detenidos en la tarde del jueves, mientras los seis restantes comparecieron la mañana de este viernes en sede judicial.
El portavoz judicial ha precisado que aunque estos últimos 20 detenidos han quedado en libertad provisional, todos deberán cumplir varias medidas cautelares: prohibición de salir del territorio nacional, retirada de pasaporte y comparecencia judicial de forma periódico dos veces al mes.
Hasta el momento cinco de los 33 investigados permanecen en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Entre ellos se encuentra el que fuera presidente de la Ciudad Autónoma Mustafa Aberchán y varios exconsejeros: Dunia Almansouri, Rachid Bussian, Hassan Mohatar y Mohamed Ahmed. En otro de los casos, la ex viceconsejera de Línea Verde, Yonaida Selam, ha abandonado este jueves la prisión en la que estaba encerrada desde el martes tras el pago de una fianza de 5.000 euros.
La causa forma parte de las diligencias previas abiertas en mayo de 2023 por un presunto caso de compra de votos por correo. Desde entonces, las diligencias permanecen en secreto.
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