SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha instado este martes al Gobierno a la adopción de medidas en apoyo a los puertos andaluces tras la entrada en vigor del sistema para controlar y gravar las emisiones de dióxido de carbono en la Unión Europea (ETS) y que traslade a la Comisión Europea la posición de la Junta de Andalucía.
El Gobierno andaluz ha expresado su apoyo al Pacto Verde y a los objetivos de descarbonización de la economía, incluyendo al sector de transporte marítimo, pero ha matizado ese parecer favorable reclamando «una legislación que sea adecuada y que no genere efectos adversos», según una nota de la Administración autonómica.
Entre las medidas por las que aboga el Gobierno andaluz estaría la armonización con la Organización Marítima Internacional (OMI) para que las medidas de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero se aplicasen a todos los países para evitar la fuga de carbono y que las empresas navieras centrasen sus recursos en soluciones más sostenibles en lugar de reforzar nuevos centros logísticos estratégicos más económicos.
Considera que también se evitaría la distorsión del mercado con medidas unilaterales sin fomentar la creación de paraísos del carbono, donde no se han de declarar los derechos de emisión.
Propone la neutralidad económica, ya que es necesaria la equiparación efectiva en el tratamiento de las emisiones en los puertos en las inmediaciones del Espacio Marítimo Europeo, y la adopción por parte de la Comisión Europea de medidas que neutralicen o amortigüen los efectos no deseados.
La Junta propone pedir medidas compensatorias, en su caso, por la pérdida de competitividad y volúmenes de tráficos; el establecimiento de ayudas para acelerar la renovación de las flotas hacia buques más sostenibles y para incentivar la creación de infraestructuras innovadoras de energía limpia en los puertos; y la posibilidad de asignaciones gratuitas (al igual que en otros sectores de actividad industrial) que elimine la incertidumbre del coste y que permita adaptarse al sistema de forma más progresiva.
PREOCUPACIÓN EN EL SECTOR PORTUARIO
La entrada en vigor de la normativa europea ETS en el ámbito marítimo preocupa al sector portuario, argumenta el Gobierno andaluz, que augura «el encarecimiento de las exportaciones, además de afectar a la actividad de los puertos y, por tanto, al empleo».
Considera que la pérdida de conectividad afectará a la competitividad y seguridad, ya que la cadena logística que provee el mercado interior a través de los puertos será gestionada por terceros países y generará una dependencia que, en casos de crisis sanitarias, energéticas o conflictos comerciales, supondrá una situación de debilidad y vulnerabilidad.
El Gobierno andaluz califica de «vital la mejora de la regulación para que se reduzcan los efectos indeseados, que desplazan (no reducen) las emisiones de carbono y merman la competitividad de los puertos europeos, al mismo tiempo que suponen una distorsión de la competencia».
Tras apreciar que «restan conectividad a los puertos de Europa, que verán como sus cadenas logísticas pivotarán en hubs no europeos», la Administración autonómica ha argumentado que «los puertos son grandes generadores de riqueza y empleo» y en esa posición cree «fundamental amortiguar la entrada en vigor de las actuaciones previstas en la Unión Europea».
Ha subrayado la Junta de Andalucía su condición de «nodos estratégicos para las cadenas logísticas y el transporte», por cuanto ha esgrimido que por estas instalaciones «pasa cerca del 60% de las exportaciones y el 85% de las importaciones, lo que supone el 53% del comercio exterior español con la UE y el 96% con terceros países».
El transporte marítimo representa en volumen alrededor del 75% del comercio exterior de la Unión Europea y el 31% de su comercio interior, mientras que 400 millones de pasajeros embarcan o desembarcan en puertos de los estados miembros, incluidos unos 14 millones en cruceros.
«Por lo tanto, el transporte marítimo es un componente esencial del sistema de transporte de la Unión Europea y desempeña un papel fundamental para su economía», ha defendido la Junta, convencida de que «el mercado del transporte marítimo está sujeto a una fuerte competencia entre los agentes económicos dentro y fuera de la Unión, para lo que es indispensable la igualdad de condiciones».
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