CÁDIZ, 22 (EUROPA PRESS)
La Diputación de Cádiz ha celebrado su Pleno ordinario de mayo en la que se han aprobado todas las mociones sometidas a votación, y en la que se ha dado cuenta de los resultados de la liquidación definitiva de los presupuestos del año 2023, señalando que se ha incremetado un 3% la ejecución con respecto a los de 2022 y se obtiene un superávit de 44 millones de euros.
El vicepresidente primero, Juancho Ortiz, ha sido el encargado de detallar al Pleno dicha liquidación, tanto de la entidad matriz como de sus organismos autónomos. Así, ha indicado que los resultados arrojan una mejora del 3% en los índices de ejecución, que pasan a ser del 94% si se toma como referencia el presupuesto inicialmente aprobado, de 313 millones de euros, y de un 71% si se toman de referencia las cuentas provinciales resultantes de las diferentes modificaciones presupuestarias aprobadas a lo largo del año.
En este sentido, ha explicado que en el capítulo de inversiones, incluidas en el Capítulo 6, el grado de ejecución es del 86% sobre el presupuesto inicial, y un 41% sobre el presupuesto con modificaciones, según ha indicado en una nota la Diputación.
Este incremento del 3% en relación a 2022 «toma más valor si se tiene en cuenta que 2023 fue año electoral, situación que suele hacer que se resientan estos índices, máxime cuando ha tenido lugar un cambio de gobierno en la Diputación», ha señalado.
Por su parte, en términos absolutos el superávit alcanza los 44 millones, 35 de ellos correspondientes a la entidad matriz, lo que se traduce en que el remanente positivo de Tesorería se eleva a 95.720.054,94 euros.
Por otra parte, el Pleno ha aprobado la modificación del Reglamento Regulador del Servicio de Asistencia a Entidades Locales (SAEL), que introduce modificaciones para responder con «mayor eficacia y agilidad» a las necesidades de las entidades locales destinatarias, así como para adaptar su contenido a la nueva normativa relativa.
Esto permitirá que la Diputación asuma los gastos que generen los procesos judiciales de ayuntamientos de hasta 10.000 habitantes, cuando hasta la fecha el SAEL sólo cubría costes judiciales de los municipios menores de 5.000 habitantes. Otro asunto que se verá afectado con el nuevo reglamento es la mejora del servicio de formación al personal de ayuntamientos, según ha explicado la Diputación.
Por urgencia se ha aprobado también el inicio de expediente de contratación de prestación de asistencia técnica relativa a la tramitación de expedientes de multas de tráfico. También una modificación de créditos por importe de 1.317.919 euros para financiar diversas ayudas, entre las que ha destacado medio millón de euros destinado a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar para la realización de la tercera fase del proyecto ‘El Campo de Gibraltar mirando al futuro’ de fomento del empleo tras la situación creada por el Brexit, la pandemia y la crisis energética.
En el apartado de las mociones políticas se ha alcanzado la unanimidad en la moción del PP relativa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la que se insta al Gobierno de la nación a declararlas «profesiones de riesgo», como reconocimiento al trabajo que realizan la Policía Nacional y la Guardia Civil» y «elaborar una ley de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que impida en el futuro nuevas desigualdades en relación al resto de policías del territorio español.»
Igualmente se ha aprobado, pero no por unanimidad al no contar con la aprobación del PSE, otra propuesta del PP para la bajada del IVA del 10% al 5% a los alimentos de primera necesidad.
La unanimidad también se ha obtenido en la proposición IU sobre la construcción del tramo de autovía Arcos de la Frontera-Antequera, la A-384, que insta a la Junta de Andalucía a que fije en sus Presupuestos de 2025 la cantidad suficiente para el inicio inmediato de las obras con un compromiso de anualidades para la ejecución y apertura al servicio de este tramo.
También IU ha sacado adelante su moción para instar al Congreso de los Diputados a que acelere los trámites del Proyecto de Ley para que los ayuntamientos perciban el incremento acordado en la Participación en Ingresos del Estado (PIE), o que se articule otro mecanismo legislativo para que la financiación local no se vea afectada.
Por su parte, una proposición del Grupo Socialista ha solicitado medidas para defender el campo de Cádiz. Así, con la abstención del PP, se ha instado a la Junta a definir un porcentaje del global de cada convocatoria de ayudas destinadas al sector para cada provincia, de modo que no sea necesario que los jóvenes agricultores de la provincia de Cádiz «compitan» con los de las otras, «ajustar el sistema de reparto de cupos de agua» y «declarar la necesidad de que ponga en marcha cuanto antes el plan de compensación del sector primario».
La presidenta de Diputación, Almudena Martínez, ha intervenido en este punto y ha explicado que «aunque no es competencia de la Diputación», el Gobierno provincial tiene reservada una partida en los presupuestos para poner en marcha un plan de apoyo al campo gaditano. «Porque estamos comprometidos con el sector primario, lo vamos a sacar en breve y mejorado», ha zanjado la presidenta.
El Pleno también ha ratificado la propuesta Socialista, con la abstención de La Línea 100×100 y en contra del PP, para habilitar un comedor escolar en el CEIP Miguel de Cervantes de Olvera, para lo cual se ha instado a la delegación territorial de Educación de la Junta.
Finalmente, por vía de urgencia, a través de una moción del PP se ha aprobado instar a que el Gobierno de España rectifique la orden ministerial que altera los criterios para que los municipios puedan ser beneficiarios del PFEA en la vertiente de Empleo Estable, para que siga atendiendo a la proporcionalidad según el número de trabajadores agrarios que tenga cada municipio en lugar de pasar a ser de concurrencia competitiva.
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