SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)
El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha subrayado este martes el «compromiso explícito del Estado con la protección de los trabajadores» al alcanzar un nuevo acuerdo con los agentes sociales para extender la protección de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 28 de febrero, el sexto consenso desde el comienzo de la pandemia, así como la aprobación, por parte del Consejo de Ministros celebrado hoy, de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
«El Gobierno dijo que no dejaría a nadie atrás y así lo está demostrando desde marzo de 2020», ha insistido Fernández en un audio remitido a los medios, en el que recuerda a los 575.048 trabajadores andaluces que «han sido protegidos» por los ERTE desde el inicio de la pandemia, que han percibido «en su totalidad» a lo largo de este año y medio más de 2.170 millones de euros, según detalla la Delegación en una nota de prensa.
En agosto, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) contabilizaba en Andalucía 56.471 trabajadores protegidos por ERTE aprobados para sus empresas, con 29,7 millones de euros en nóminas de prestaciones.
Estas cifras ponen de manifiesto, según el delegado, «la relación directa entre la programación diseñada por el Gobierno para la vacunación de la población y la reducción en un 90% el número de empleados en ERTE». «La rápida distribución de dosis por los distintos territorios ha sido todo un éxito y ha permitido generar la inmunidad necesaria para recuperar la vida social y, con ello, la reactivación económica», ha sentenciado.
Otra de las medidas de protección social a las que el Consejo de Ministros ha dado luz verde ha sido el incremento del SMI en 2021, una decisión que, según las previsiones expuestas por el delegado del Gobierno, afectará de media a 1,5 millones de trabajadores en España, alrededor de 460.000 en Andalucía, entre trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial.
Tanto la prórroga de los ERTE como la subida del SMI demuestran, a su juicio, la «capacidad de diálogo» de los distintos ministerios para «seguir avanzando en medidas orientadas a garantizar recursos económicos a las familias, a proteger el tejido productivo y a reactivar la economía».
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