CÓRDOBA, 8 (EUROPA PRESS)
La diputada nacional del PP por Córdoba Isabel Prieto ha reclamado este lunes al Gobierno de la Nación «que declare profesión de riesgo el trabajo que realizan los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil» y que, en consecuencia, lleve a cabo «las modificaciones legislativas oportunas para su jubilación anticipada a quien lo desee» entre estos profesionales.
A este respecto y en una nota, Prieto ha informado sobre la proposición no de Ley (PNL) que el Grupo del PP en el Congreso de los Diputados «ha conseguido aprobar en la Comisión de Interior, para reconocer el riesgo de estos efectivos y que se lleve a cabo su equiparación con otras profesiones de riesgo ya reconocidas», mientras que «el Grupo del PSOE se abstuvo en la votación».
En contraposición, según ha asegurado Prieto, «el Partido Popular siempre va a apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), porque es consciente de la misión fundamental que realizan para garantizar la convivencia en libertad y la seguridad de los ciudadanos».
Prieto ha recordado que «en 2020 ya se aprobó una PNL en el Congreso de los Diputados instando al Gobierno a reconocer como profesión de riesgo a la Policía Local, y por eso es lógico que se establezca una equiparación» entre los agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, «considerando que todos ellos ejercen una profesión de riesgo».
De este modo, «la pensión que cobra un efectivo de la Policía Nacional o de la Guardia Civil no puede ser igual que la cobra otro funcionario del Estado que, por ejemplo, realice solo tareas administrativas. Es evidente que la labor que realizan las FCSE es una labor muy compleja que puede conllevar situaciones de riesgo que no son comparables a otros funcionarios públicos».
«De hecho –ha proseguido–, a la hora de hacer un seguro de vida tienen que pagar un 40% más en la póliza por ejercer las funciones policiales. Por ello no resulta lógico que el Estado no considere que las FCSE no son profesión de riesgo y sin embargo las compañías de seguros sí».
El Estado, a juicio de Prieto, «no puede penalizar a la Policía Nacional y la Guardia Civil no considerándolos como profesión de riesgo. Es de justicia y de sentido común enmendar esta situación y asimilar a estos efectivos como profesión de riesgo, junto a otras profesiones que sí cuentan con este reconocimiento, como bomberos, mineros, profesionales ferroviarios, Policía Autónoma Vasca y Policía Local».
La diputada popular ha incidido en «la degradación en las condiciones de calidad laboral y la peligrosidad que viven los efectivos de las FCSE, unido al quebrantamiento social de su condición de agentes de la autoridad que sufren. Esto ha traído consecuencias nefastas, pues en el año 2023 se ha producido un incremento notorio de las agresiones que sufren la Policía Nacional y la Guardia Civil, con un total de 1.400 agresiones al año, lo que suponen 30 agresiones cada día».
En este punto, Prieto ha recordado que «el ministro de Interior, Fernando Marlaska, ha sido reprobado en el Congreso de los Diputados de forma expresa por no haber puesto a disposición de la Guardia Civil de los materiales necesarios para poder defenderse en el Campo de Gibraltar», de modo que «este Gobierno, lejos de apoyar a las FCSG, está consiguiendo una degradación de sus condiciones laborales».
De hecho, según ha afirmado, «en la provincia de Córdoba se ha producido un incremento de las agresiones a agentes de Policía Nacional y Guardia Civil del 17%, pasando de 159 agresiones en 2021 a 190 agresiones en 2022».
Por otro lado, la diputada popular ha hecho mención a otra PNL debatida en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, instando al Gobierno de Sánchez a cubrir el 100% del Catálogo de Puestos de Trabajo que tienen asignadas las unidades adscritas de la Policía Nacional en varias comunidades autónomas, como Andalucía.
«Estas unidades adscritas –ha lamentado– viven su peor época, con un mínimo histórico de efectivos que tienen Andalucía y Galicia, como las principales víctimas de la estrategia del Ministerio del Interior, que impide convocar la provisión de puestos de trabajo mediante los procedimientos previstos en la norma bajo la excusa de que antes de acometer ese reforzamiento es necesario firmar convenios que llevan años paralizados».
En la Unidad Adscrita a la Junta de Andalucía, según ha asegurado Prieto, «el primer convenio se firmó en 1992, se prorrogó en 1995, 1998, 2001, 2004 y 2007, y debería haberse renovado en 2019. El compromiso alcanzado en el último convenio era llegar a los 1.000 policías antes de diciembre de 2010, cuando en la actualidad solo hay 383 policías».
Según la criticado Prieto, «la pérdida de efectivos de la Policía Nacional en Andalucía se ha convertido en algo crónico y afecta por ejemplo a las unidades Viogen, que en Córdoba son completamente deficitarias, puesto que solo 30 efectivos de Policía Nacional y 30 de Guardia Civil tuvieron que atender los 12.586 casos de violencia de género del año 2023», y por eso «se tiene que poner solución a esta situación y sacar las plazas necesarias» en Andalucía.
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