CÓRDOBA, 30 (EUROPA PRESS)
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha pedido a la Diputación de Córdoba, a instancias de la asociación memorialista cordobesa Aremehisa, un informe sobre el estado de elaboración del inventario de distinciones y honores que la institución provincial ha otorgado en el pasado a franquistas.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, precisando que la Diputación ya ha dado respuesta a su requerimiento y que, en estos momentos, se está analizando dicha respuesta por parte de la citada Oficina.
A esta situación se ha llegado, según ha informado por su parte en una nota Aremehisa, ante la «falta de diligencia y colaboración» de la Diputación, a la que en mayo de 2022 le reclamó «el cumplimiento» de «las leyes de Memoria estatal y andaluza y elabore, como ya han hecho las diputaciones de Málaga, Valencia, Alicante, La Coruña o Gipúzcoa, entre otras, un catálogo de distinciones, nombramientos y títulos honoríficos concedidos por la institución provincial y que supongan una exaltación del golpe militar, la Guerra Civil o la dictadura franquista a fin de, en cumplimiento de las citadas leyes, proceder a su retirada».
Sin embargo, ante la falta de respuesta de la Diputación, el colectivo memorialista ha buscado «amparo en el Defensor del Pueblo Andaluz, institución que, tras dos requerimientos previos, ha decidido solicitar a la Diputación un informe sobre el estado de la elaboración del inventario de honores y distinciones, así como de las actuaciones realizadas al respecto».
En cuanto a la respuesta de la Diputación a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y que está siendo analizada por ésta, en Aremehisa entienden que, en función a «las explicaciones que el presidente de la Diputación ha ofrecido al Defensor del Pueblo Andaluz tras nuestros requerimientos previos, la contestación de Salvador Fuentes (PP) es a todas luces ambigua, totalmente carente de contenido y no persigue otro fin que el de cubrir el expediente de obligación de respuesta, sin más».
En este sentido, el colectivo memorialista ha recordado que «la revisión de los reconocimientos, honores y distinciones concedidos por y durante el franquismo es una tarea que, por ejemplo, sí que ha elaborado el Ayuntamiento de Córdoba», y es «un deber claramente establecido en el artículo 40 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática».
En concreto, dicho artículo estables que es obligación de las administraciones públicas «revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la guerra o la dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista».
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