Estas protestas se suman a las convocados el pasado martes ante las sedes de la patronal para exigir «desbloquear» la negociación del convenio
SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)
CCOO de Andalucía ha vuelto a movilizarse este martes, 28 de septiembre, ante las delegaciones territoriales de Igualdad en las ocho provincias para exigir al Gobierno andaluz que suba el precio/hora y del precio/plaza de los servicios de ayuda a domicilio de residencias de mayores y personas discapacitadas y centros de día, porque «los precios actuales no garantizan condiciones dignas para las plantillas». Del mismo modo, exige que se incremente la plantilla para mejorar la calidad de la atención a los usuarios.
El sindicato ha advertido de que el precio público fijado por la Junta «no garantiza que se pague así en los pliegos de condiciones que elaboran las entidades locales, que suelen licitar a la baja». Por eso, el sindicato ha exigido a la Junta que «establezca un precio mínimo suficiente para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del sector».
Según han expresado desde el sindicato, se indica en un comunicado, el Gobierno andaluz «toma medidas de efecto que se quedan solo en eso», ya que «sube el precio/hora del servicio de manera insuficiente y además no se asegura en ningún momento de que esa subida sirva para mejorar las precarias condiciones laborales de estas trabajadoras, con contratos por horas y temporales y bajos salarios».
CCOO ha denunciado que esta subida ha sido «insuficiente» y que «no ha servido para mejorar las condiciones de la plantilla», algo que para el sindicato es «intolerable» porque considera que la administración pública «no fiscaliza la acción de estas empresas, que están prestando un servicio público esencial y que tienen en sus manos mejorar las condiciones laborales de una plantilla que se ha demostrado de vital importancia».
Ha exigido al Gobierno andaluz que «cumpla su función y promueva que las empresas que prestan el servicio de atención a personas dependientes en Andalucía desbloqueen la negociación del Convenio de la Dependencia».
Estas movilizaciones se suman a las que el sindicato convocó el pasado 21 de septiembre ante las sedes de la patronal en cada provincia andaluza, para exigirles el «desbloqueo» de la negociación de un convenio que en Andalucía afecta a más de 54.000 trabajadores, en su mayoría mujeres, de las que 30.000 trabajan en ayuda a domicilio y 24.000 en residencias y centros de día.
El secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, José-Pelayo Galindo, ha señalado el VIII Convenio de la Dependencia, bloqueado desde 2019, «mejorará los salarios». Según explica Galindo, «hay categorías, como la de limpiadora/planchadora, que cobran 903,87€».
Igualmente ese convenio mejorará las jornadas de trabajo haciendo que los contratos sean a tiempo completo, no parciales; la conciliación familiar y las medidas de prevención de riesgos laborales. Para José-Pelayo Galindo «las personas trabajadoras de este sector son imprescindibles y se les debe reconocer su labor con unos salarios dignos y mejoras laborales».
Por su parte, el secretario general de la Federación del Hábitat de CCOO de Andalucía, José Miguel Sánchez, considera «insuficiente» el incremento de la financiación de la dependencia por parte de la administración: «Debido a la situación de bloqueo del convenio por parte de las patronales, este incremento desemboca en el bolsillo de las empresas en vez de mejorar las condiciones de la plantilla, que ya soporta altas cotas de precariedad».
«EL CONVENIO ESTÁ PARALIZADO DESDE 2019»
Sánchez ha subrayado que «el convenio está paralizado desde 2019. Una situación que beneficia a las empresas que son las únicas beneficiarias de las ayuda al sector por parte de la Junta». Por eso, desde la Federación del Hábitat de CCOO de Andalucía exigen el «desbloqueo» del convenio por parte de las patronales: «Seguiremos movilizándonos por las mejoras de condiciones de laborales y de vida de un sector esencial como es el de la dependencia».
CCOO ha puesto el foco en que la dependencia es «un derecho subjetivo de la ciudadanía, como lo es la educación, la sanidad, el acceso a una vivienda y trabajo dignos. Por eso, las administraciones públicas son responsable de asegurar que se presten en condiciones y exigir al empresariado que respete los derechos laborales de las personas trabajadoras».
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