Otros dos recurren ante la Sala con el argumento de que el instructor ha realizado una investigación prospectiva
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
La defensa de Marta Molina, investigada en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional sobre el papel de la plataforma ‘Tsunami Democràtic’ en los disturbios posteriores a la publicación de la sentencia del ‘procés’, ha solicitado al instructor que las acusaciones populares y las acusaciones particulares unifiquen representación letrada para evitar dilaciones indebidas.
Así consta en un escrito de su defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que analiza por un lado las acusaciones populares de Vox, Dignidad y Justicia, Sociedad Civil Catalana y la del abogado Francisco Velasco Pedraza para acto seguido invocar su derecho «a un proceso sin dilaciones indebidas» y solicitar que litiguen las cuatro «bajo una misma representación y dirección letrada».
Entiende que, a tenor de la jurisprudencia, «concurre en el presente caso la convergencia de intereses y puntos de vista» porque comparten el mismo posicionamiento en cuanto a que «pretenden la investigación de las acciones que se atribuyen a la plataforma Tsunami y la imputación de las personas que aparezcan como responsables de las mismas en la instrucción».
Añade que todas ellas sostienen «la calificación jurídica de terrorismo», la petición de remitir la exposición razonada al Tribunal Supremo realizada por una de ellas y todas «comparten el mismo criterio en cuanto a las diligencias de investigación acordadas por el magistrado».
Suma que todas coincidieron en oponerse a las distintas recusaciones y los recursos que sobre esta materia se plantearon, y que por tanto «existe una convergencia tanto de intereses como de puntos de vista».
«En palabras del Tribunal Supremo (…), no atender a la petición de esta defensa provocaría sin duda unas inútiles reiteraciones así como una artificial complejidad en la tramitación», explica.
LAS ACUSACIONES POPULARES
En el mismo sentido, solicita que se acuerde que las acusaciones particulares personadas deban litigar bajo una misma representación y dirección letrada para garantizar su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Recuerda que hasta la fecha se han personado tres acusaciones particulares distintas para representar a cuatro policías.
Indica que los escritos de personación de los cuatro agentes «pretenden la investigación de los mismos hechos: las lesiones padecidas el 18 de octubre de 2019 en el centro de la ciudad de Barcelona durante las protestas contra la sentencia».
«Concurre así en todos ellos el mismo interés en la investigación de los mismos hechos, acaecidos el mismo día en el mismo lugar. Pertenecen todos ellos al mismo cuerpo policial (…). Comparten además todas las acusaciones particulares personadas la misma estrategia procesal», ha explicado.
Y añade que las reclamaciones civiles que se puedan pretender, derivadas de los supuestos hechos delictivos, «no impiden una actuación bajo la misma representación y dirección letrada, pues no son incompatibles entre sí y pueden ejercitarse individualmente para cada uno de los perjudicados bajo la misma representación y dirección letrada».
«A nadie se le escapa que la pluralidad de acusaciones populares y particulares personadas en la presente causa está generando una multiplicidad de escritos para cada trámite que conllevan una más compleja y lenta gestión del procedimiento, con una clara afectación del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas de los investigados», lamenta.
EL ESCRITO DE ORIOL SOLER Y OLEGUER SERRA
En otro escrito al que ha tenido acceso Europa Press, los investigados Oriol Soler y Oleguer Serra recurren directamente ante la Sala de lo Penal alegando que se ha vulnerado su derecho al juez predeterminado por la ley, y que la acumulación de procedimientos penales «contra actividades amenazantes del independentismo catalán» en el Juzgado Central de Instrucción número 6 «compromete la imparcialidad del magistrado instructor», Manuel García Castellón.
Además, señalan que se ve vulnerado su derecho a un juez imparcial y explican que García Castellón tiene «la voluntad de atraer toda la investigación criminal relacionada con la actividad independentista catalana desde el año 2017, haciendo una interpretación extensiva de las competencias atribuidas por la ley, en contra del criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional».
Recuerdan que el juez se ha amparado en aspectos formales para rechazar las recusaciones solicitadas por los investigados, que consideran que se da un conflicto de intereses a tenor de las declaraciones del magistrado en un foro público en Ourense sobre la ley de amnistía.
«Por tanto, en modo alguno pueden considerarse resueltas las sospechas que mantienen los investigados en relación con la imparcialidad del instructor del presente procedimiento», indican, para luego resaltar que «existen serias razones por considerar que la convicción personal del magistrado, así como su comportamiento procesal de retener las causas relacionadas con el independentismo catalán, comprometen irremediablemente su apariencia de imparcialidad».
Entienden además que se ha dado una vulneración del derecho fundamental a la libertad ideológica y del derecho a un proceso con todas las garantías porque se ha dado una investigación prospectiva generando una causa general sobre el independentismo catalán.
«Debe insistirse en que no es propio de un derecho democrático sino de un derecho penal del enemigo, iniciar una investigación penal general contra el independentismo catalán, tal como lleva a cabo este Juzgado Central de Instrucción número 6 desde el año 2017», explican.
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