MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha señalado que el coste del despido es una decisión de los agentes sociales que «no puede ser decidida desde los despachos o desde la Unión Europea».
Lo ha manifestado este martes tras ser preguntada por la demanda que presentó UGT ante el Comité Europeo de Derechos por el coste de despedir en España, ya que el sindicato considera que el actual sistema español de despido incumple «de manera manifiesta» lo consignado en el artículo 24 de la Carta Social Europea y el Convenio 158 de la OIT, por lo que la actual normativa española reguladora del despido no ampara a la persona trabajadora frente a decisiones arbitrarias, sin causa real, donde la empresa no tiene que hacer el mínimo esfuerzo por probar la causa que dice para justificar la extinción.
«Nosotros pensamos que hay que otorgar flexibilidad a los empresarios para que decidan, en común acuerdo con los agentes sociales, cómo se debe despedir. Cada sector y empresa es diferente y no se puede estandarizar unas reglas para todos los sectores», ha indicado la consejera.
Albert ha señalado que en el ámbito turístico «hay contratos que tienen que ser breves porque en Semana Santa o en vacaciones se demandan más empleo que después no se pueden mantener». «Creemos que esta cuestión no puede ser decidida desde los despachos ni desde la Unión Europea», ha concluido.
POSIBLE REFORMA
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado este martes que el Ministerio de Trabajo y Economía Social impulsará una reforma para cumplir con el fallo del Comité Europeo de Derechos Sociales en relación al coste del despido en España, en caso de que Estrasburgo haya dado la razón a la demanda de UGT y haya determinado que el coste de despedir en España es bajo.
Así, el ‘número dos’ de Trabajo ha recordado que la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales no es pública y no puede darse a conocer hasta que el Consejo de Ministros o el Consejo de Europa emita su oportuna recomendación, algo que se espera entre junio y julio.
«En la medida en la que esa resolución se sitúe en la línea de lo que ha hecho el Comité Europeo de Derechos Sociales con Italia, con Finlandia, con Francia, pues la previsión que está en el programa de coalición y los razonamientos que ha llevado a cabo reiteradamente la vicepresidenta segunda del Gobierno se cargan de sentido y, naturalmente, haría imprescindible una reforma», ha señalado, aunque ha recalcado que todo esto es «especulativo» porque no se puede hacer pública la resolución.
Desde UGT han asegurado que este fallo «afectaría especialmente a Madrid». «Es la comunidad autónoma que sufre el mayor número de despidos improcedentes de España, con un 18,7%», han señalado en un comunicado.
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