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La Región registra la octava tasa más elevada de disoluciones matrimoniales por comunidades en el tercer trimestre

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Las separaciones y divorcios aumentan hasta 25.732 en el tercer trimestre de 2020, un 16,6% más que en 2019

MURCIA/MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La Región registra 5,5 demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes en el tercer trimestre del año, la octava mayor tasa por comunidades autónomas y superior a la media nacional (5,4), según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

A nivel nacional, el número de demandas de separación y divorcio se ha incrementado hasta las 25.732 en el tercer trimestre de 2020, un 16,6% más con respecto al mismo periodo de 2019.

En concreto, se han registrado 14.835 demandas de divorcio consensuado, un 17,7% más que las presentadas en el mismo trimestre de 2019, y 9.809 demandas de divorcio no consensuado, un 15% más.

Por lo que respecta a las demandas de separación, se han presentado 783 consensuadas, lo que representa un incremento del 19,7% y 305 no consensuadas, un 6,6% más. Mientras, el número de demandas de nulidad, 14, ha sido un 16,7 por ciento superior a las presentadas en el tercer trimestre de 2019.

Estos aumentos se producen después del impacto que el confinamiento, la suspensión de plazos procesales y la adopción de medidas de seguridad e higiene frente al coronavirus, tuvieron en la actividad de los órganos judiciales durante el segundo trimestre del año, que se tradujo en “importantísimas reducciones” en todos los tipos de demandas, según explica el CGPJ.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2020, el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se ha dado en Canarias y en la Comunidad Valenciana, con 6,6.

Le siguen Baleares, con 6,1; Andalucía, 5,9; Asturias y Cantabria, 5,7; Galicia, 5,6; y Murcia, 5,5. Todas estas Comunidades Autónomas superan la media nacional, que es de 5,4. Las cifras más bajas se han dado en Castilla y León y País Vasco, con 4,3; Madrid, 4,4; y Aragón, 4,6, que se quedan por debajo de la media nacional.

Por otro lado, el Real Decreto-ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en la Administración de Justicia, contiene la “regulación ex novo de un procedimiento especial y sumario para la resolución de cuestiones relativas al derecho de familia directamente derivadas de la crisis sanitaria”, que estuvo operativo durante el estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización.

El CGPJ señala que, aunque no es posible determinar cuántos procesos de este tipo ingresaron en los órganos judiciales, al no tener reflejo individualizado, sí se observa un incremento en el ingreso de los juicios verbales relativos al derecho de familia, tanto en el segundo trimestre como en el tercero.

En cuanto a los procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio y de guardia, custodia y alimentos de hijos, el CGPJ indica que todas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, especialmente las consensuadas, han mostrado “importantes incrementos” interanuales respecto al mismo trimestre del año 2019.

En concreto, las demandas de modificación de medidas consensuadas, de las que se han presentado 2.991, se han incrementado un 28,3%, y las demandas de modificación de medidas no consensuadas, 7.376, lo han hecho un 8,6 por ciento respecto al mismo trimestre de 2019.

Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas han sido 5.930, lo que supone un incremento interanual del 56,8%, mientras que las no consensuadas, 6.981, se han incrementado un 21,3%.