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La Policía Nacional detiene a 59 personas y destapa un fraude a la Seguridad Social cercano a los 19.000.000 de euros

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Las investigaciones comenzaron a principios del año 2018 y la operación se ha llevado a cabo en 17 provincias españolas

En la provincia de León se ha detenido al ideólogo de una sucesión empresarial dedicada a la “explotación de canteras”, así como a sus testaferros, quienes no habían abonado ninguna cotización de los más de 170 trabajadores que había tenido de alta desde el año 2009 hasta nuestros días, generando a la Seguridad Social una deuda por el impago de los seguros sociales de unos 575.000 euros.

Se crearon sociedades superpuestas en el tiempo con el objetivo de suceder a la deudora anterior, continuando la misma actividad en el mismo local y, así, operar en el mercado con una empresa limpia de cargas.

Los investigadores observaron que el capital social ascendía a casi un millón de euros y su patrimonio neto declarado en 2016 rondaba el millón doscientos mil euros. Sin embargo, sobre el papel carecían de patrimonio de cierto valor.

Se acreditaron indicios de descapitalización; trasvase de trabajadores; unidad de dirección de las empresas; utilización de testaferros; facturación cruzada; y búsqueda por parte de socios y órganos de gestión de falsa apariencia de independencia entre empresas.

Además, utilizaban fraudulentamente la falta de pago de las cuotas a la Seguridad Social como una herramienta de gestión empresarial, reduciendo costes frente a competidores, que no podían rivalizar en el precio de la venta de pizarra y piedra ornamental al tener que soportar costes superiores.

Para retrasar o impedir el legítimo cobro de la deuda por parte de la Tesorería General, los investigados llegaron a acuerdos de aplazamiento que incumplieron. En uno de estos acuerdos se constituyó como garantía de pago una pala cargadora caterpillar y, al requerir la Tesorería General de la Seguridad Social su cobro, se negaron a entregarla. Posteriormente fue localizada por los cuerpos de seguridad para su precinto, aunque estaba inservible y sin valor porque los propietarios, al parecer, le habían quitado el motor.

Dos personas fueron detenidas por estos hechos y una más resultó investigada por los delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución.

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