Afirma que los ayuntamientos vascos recaudan 62 millones a través de ese impuesto que en Euskadi ya fue adaptado en 2017 a algunas sentencias
BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)
El presidente de Eudel (asociación de municipios vascos), Gorka Urtaran, cree que habrá que regular un nuevo impuesto si se constata el «impacto» en Euskadi de la sentencia del TC que anula el impuesto de plusvalía y que en el País Vasco ya fue adaptado en 2017 a algunas resoluciones judiciales.
En declaraciones a los medios de comunicación, Urtaran se ha referido, de esta manera, a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que ha declarado inconstitucionales y nulos una serie de artículos de la Ley de Haciendas Locales, que establecen un método para calcular el denominado impuesto de plusvalía, por asumir que el suelo urbano siempre se revaloriza.
Urtaran ha apelado a la prudencia porque hay que analizar la sentencia y ver el impacto que tiene en el sistema fiscal vasco, en concreto, con el Impuesto de plusvalía aprobado en Euskadi.
El presidente de Eudel ha recordado que en el año 2017 Euskadi «adaptó» el impuesto de plusvalía a diferentes sentencias del TC. Por lo tanto, ha indicado que no saben qué impacto puede tener en las haciendas municipales de Euskadi.
Urtaran ha recordado que, a través de este impuesto, los ayuntamientos vascos recaudan 62 millones de euros y ha indicado que, «independiente, del mayor o menor impacto» que pueda tener, no se puede estar «al albur de este tipo de sentencias de los tribunales».
«Tenemos que tener garantías jurídicas para, sobre todo, respetar uno de los principios básicos de la política municipal que es la suficiencia financiera. No podemos condicionar la suficiencia financiera de los ayuntamientos de esta manera, máxime cuando, además, estamos definiendo la Cuentas para el próximo ejercicio», ha añadido.
Por lo tanto, ha insistido en que hay que analizar «con calma» el resultado de esta sentencia y ver qué impacto tiene en Euskadi teniendo en cuenta que en 2017 ya se modificó en el País Vasco el impuesto de plusvalía, de manera que ya no se carga en base a una posible revalorización de los terrenos donde está ubicado el inmueble, sino que viene en base a la diferencia entre el precio de transmisión y el precio previo a la adquisición.
Urtaran ha indicado que, si eso quedaría «nulo», habría que analizar cómo, -no solo los ayuntamientos de Euskadi, sino los de todo el Estado- pueden garantizar el principio básico de funcionamiento que es el de suficiencia financiera, de manera que se puedan dotar de los recursos necesarios para dar respuesta a sus competencias y ofrecer unos servicios públicos «de calidad a la ciudadanía».
«Creo que el nivel municipal merece ese respeto institucional para poder tener las garantías jurídicas que permitan desarrollar nuestras competencias de forma adecuada y garantizar ese principio de suficiencia financiera tan necesario para ofrecer servicios públicos de calidad», ha agregado.
El también alcalde de Vitoria ha precisado que en su ciudad está presupuestado para 2021 un total de 15 millones por la recaudación de este impuesto y ha recordado que la decisión del tribunal no tiene carácter retroactivo, por lo que «no habría tanto problema para el ejercicio actual como para los futuros».
Urtaran ha reconocido que el impuesto de plusvalía en Euskadi, tal como estaba definido hasta 2017, generaba situaciones «profundamente injustas» y se tenía que «corregir». En este sentido, cree que está bien la «corrección que se hizo» porque «no corresponde pagar un impuesto de plusvalía cuando el precio de transmisión ha sido menor que el de adquisición», dado que no se producía ninguna plusvalía.
Por lo tanto, ha asegurado que parte del hecho de que las modificaciones que se hicieron fueron «acertadas» porque antes se aplicaba «de forma injusta en muchos casos». Urtaran ha añadido que, actualmente, en Euskadi se está aplicando el impuesto de plusvalía de manera que solo cuando se ha vendido por encima de lo que costó el inmueble se aplica el tributo, por lo que cree que ahora «es más justo y adecuado a la realidad económica de las familias» y permite «la suficiencia financiera» de los ayuntamientos.
Respecto a la posibilidad de establecer un impuesto alternativo, ha señalado que hay que ver todavía el impacto que pueda tener las cuentas y en el sistema y, en todo caso, «si fuera así, hay que regular un nuevo impuesto» que permita a los ayuntamientos garantizar los recursos para prestar sus competencias.
«El balance es claro, las competencias que tienen los ayuntamientos vienen financiadas por el sistema de ingresos propios y, entre otros, por el de la plusvalía. Si tú quitas uno de estos impuestos, estás quitando una parte importante de los recursos propios de los ayuntamientos, con lo que ya se produce un desequilibrio entre las competencias asignadas a las entidades locales y los servicios que hay que ofrecer», ha agregado.
Por ello, entiende que hace falta «un mínimo respeto institucional» como para que a los ayuntamientos «no se les aboque a una situación de desequilibrio económico», en la que «ahora no se va a tener la capacidad suficiente para atender las competencias y servicios públicos». Por ello, cree importante que, cuando se van a adoptar este tipo de medidas, «hay que poner alternativas a los ayuntamientos».
«A los ayuntamientos no se les puede dejar al albur de estas decisiones y que se arreglen como puedan, necesitamos garantías jurídicas, instrumentos financieros suficientes para dar respuesta a las competencias que tenemos asignadas», ha concluido.
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