SAN SEBASTIÁN, 29 (EUROPA PRESS)
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha mostrado convencido de que el «recorrido» del Ingreso Mínimo Vital (IMV) es que se gestione «de forma plena y más aún» en el caso del País Vasco, por «su singularidad foral, que en algunos casos requiere cruzar datos de renta y patrimonio permanentemente con las haciendas forales» y, en segundo lugar, porque Euskadi «tiene un compromiso muy claro con estas políticas y superior a otros territorios».
Escrivá ha realizado estas afirmaciones en San Sebastián, donde ha participado en el Foro Empresarial de Gipuzkoa organizado por el Diario Vasco. El ministro ha recordado que el régimen económico de la Seguridad Social, y «más aún después de una sentencia reciente del Tribunal Constitucional», es «una competencia estatal» que no cree «que esté en discusión» en ningún caso.
A su juicio, hay «muchísimo margen de trabajar conjuntamente» con el Gobierno Vasco en «muchas prestaciones no contributivas de la Seguridad Social», porque el diseño del IMV «tiene algunos elementos que serán de inspiración para la RGI en las dos direcciones y que tiene elementos que hacen que esas prestaciones no contributivas desplieguen de una forma mucho más plena su capacidad redistributiva y de equidad».
El ministro ha señalado que «la idea es ir anidando en torno al IMV todas estas prestaciones» y se ha mostrado convencido de que la gestión de estas prestaciones, «que se tienen que diseñar por razones de equidad a nivel de todo el Estado» porque así «lo ha exigido Europa», su gestión «claramente tiene que hacerse en proximidad».
«Eso es lo que estamos trabajando con el Gobierno Vasco para que sea así, que la RGI y el IMV estén bien engarzados y anidados, que sean genuinamente sustitutivos y complementarios, que haya una ventanilla única de todas las prestaciones no contributivas, y que no es el caso ahora, porque alguna van por el SEP y otras por Lanbide», ha explicado.
De este modo, Escrivá ha defendido esta gestión de «todo lo que es el despliegue no contributivo para que las personas con mayores dificultades de integración tengan una red de cobertura bien desarrollada y que sea muy justa». Esta sería, según ha apuntado, una experiencia piloto que pueda generalizarse.
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